Tres Pm

La diputada Ruth Salinas, presidenta de la comisión, agradeció la participación de las personas aspirantes y reconoció su experiencia y trayectoria.

Sin reconocimiento oficial, protección efectiva y sanción a quienes las agreden, México expone a las buscadoras de personas desaparecidas a la violencia y la impunidad, advierte el comité de la ONU para la erradicación de la discriminación de las mujeres. La labor de las buscadoras es vital para el derecho a la verdad y la justicia, afirma.

Así lo anticipó la diputada Ruth Salinas, presidenta del órgano parlamentario, quien advirtió que, aunque la convocatoria permite el registro de personas que hayan ocupado cargos de elección popular, se revisarán con detalle los antecedentes político-partidistas a fin de garantizar la autonomía del organismo.

La Codhem concluyó que durante el proceso penal no se recolectaron debidamente las evidencias, no tuvo una defensa adecuada, ni se garantizó la tutela de los derechos humanos ni el debido proceso.

El procedimiento se activará a pesar de que, días atrás, Morena —a través de la diputada Martha Azucena Camacho— propuso una reforma legal para eliminar la posibilidad de reelección en este cargo.

De acuerdo con la madre, a nueve años de la detención, el caso fue reabierto, por lo que solicitan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intervenir para corregir lo que consideran un error judicial y permitir que su hija recupere la libertad.

Destacó los retos actuales relacionados con el uso de nuevas tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial, los cuales, dijo, incrementan la vulnerabilidad de los datos personales de la ciudadanía.

Clara Gómez González, madre de una de las víctimas, declaró que su hija aún estaba viva tras el ataque y que fue torturada e incomunicada por la entonces Procuraduría para forzarla a avalar la versión oficial, que atribuía el tiroteo a un enfrentamiento.

La asociación se encuentra integrada fundamentalmente por madres, hermanas o esposas de una veintena de personas privadas de la libertad, y arguyen que sus detenidos son inocentes, pero fueron detenidos para que las autoridades judiciales justifiquen su trabajo.