Tabasco reformó sus leyes para convertirse en la segunda entidad que prohíbe la venta de alimentos "chatarra" y bebidas azucaradas a menores de edad, después de Oaxaca. En periodo extraordinario de sesiones, el Congreso estatal aprobó con 22 votos a favor y ocho en contra el dictamen que modifica las leyes de Salud, Educación y Hacienda Municipal para prohibir el acceso de los niños a ese tipo de productos.
En la discusión de más de dos horas, que terminó a las 14:33, legisladores del PRI, PVEM y PRD consideraron insuficiente el dictamen que Morena avaló. La iniciativa presentada por el gobernador Adán Augusto López Hernández el pasado 13 de agosto, refiere que la orden estará establecida en escuelas de educación básica, así como en hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud.
"Prohibida: la venta, distribución, donación, dádiva y suministros de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans, a menores de edad", se estableció en el artículo 87 de la Ley de Salud estatal.
También fue prohibida la instalación de máquinas expendedoras de golosinas en las escuelas, hospitales y clínicas de Tabasco.
En la entidad, los padres, madres o tutores legales quedan exentos de cualquier responsabilidad legal si deciden brindarle cualquiera de estos productos a sus hijos.
Respecto de la Ley de Hacienda Municipal, se determinó en el artículo 146-Bis que cualquier anuncio, cartel o publicidad sobre estos alimentos tendrá una tarifa extra de 25% de su costo para su exposición, misma que deberá estar a un radio de 300 metros de distancia de escuelas, centros médicos y hospitales.
El pasado 5 de agosto, Oaxaca se convirtió en la primera entidad de México en aprobar en sus leyes la prohibición de la venta de este tipo de alimentos y bebidas a los niños. La legislación está respaldada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Gobierno federal a través de la Secretaría de Salud.
En contraste, empresarios de la Coparmex y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) externaron su rechazo, asegurando que esto impactará económicamente la cadena de valor de la industria agroalimentaria, así como a productores artesanales y pequeños comercios. Se prevén discusiones sobre iniciativas similares en las Legislaturas de Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México.