La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, propuso este domingo que los recursos que se encuentran en cuentas incautadas y congeladas procedentes de narcotraficantes y criminales se usen para equipar a las policías estatales y municipales del país.
"¿Qué les parece? Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país”, dijo Rodríguez.
La ministra participó en la reunión plenaria de los diputados del Morena, donde recordó que actualmente hay cerca de 13.400 millones de pesos (644 millones de dólares) incautados a la delincuencia organizada y por casos de fraude.
“Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podría destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios”, aseveró.
Sin embargo, aceptó que para ello se requiere revisar el marco legal que permita la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y demás instancias involucradas, a fin de contar con el mecanismo legal para el aprovechamiento social de estos recursos.
Rodríguez afirmó que entre los principales objetivos para este 2022 está pacificar las zonas de México, donde aún persiste la violencia, capacitar y equipar a policías estatales y municipales, y apoyar la mejora de los Centros Penitenciarios Estatales.
Además de contribuir al fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, mejorar los procesos de judicialización de los delitos cibernéticos y atender la violencia contra las mujeres y las niñas.
En este último punto, propuso una iniciativa para llevar el vacío legal que hay en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para involucrarlos en actividades ilícitas.
Pidió una reforma para endurecer sanciones para quienes almacenen, distribuyan y realicen pornografía infantil.