Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció en las últimas horas a su cargo, justo cuando se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes y cuando la Fiscalía General de República (FGR) se encuentra sometida a intensos torbellinos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó esta mañana.
“Sí, él va a dejar el cargo. Tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro Fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, que tengo confianza de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir y como decía el General Torrijos: el que se aflige, se afloja”, anunció en su conferencia de prensa matutina.
Hace apenas unos días, la Fiscalía se desistió de 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la UEILCA contra militares, y no se sabe si fue en acuerdo con el ahora exfiscal. Eso por un lado. Por el otro, la renuncia viene después de la publicación del informe sin testar que realizó la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, quien exigió públicamente investigar y dar a conocer quién filtró el documento.
No queda claro el papel del Fiscal General Alejandro Gertz Manero en ambos temas; si fue él quien ordenó desistirse de las órdenes de arresto que pidió Gómez Trejo, y si el documento sin testar publicado por Reforma estaba en su custodia, y de allí, de la FGR, se filtró.
Además, hoy el diario español El País, en un texto de Pablo Ferri, da a conocer qué tan intensas son las diferencias entre Gertz y Gómez Trejo. Su Fiscalí, dice, “ha dejado sin policías ministeriales a la unidad de la dependencia que investiga el caso Ayotzinapa. Hasta mediados de agosto, la unidad contaba con 13 agentes como apoyo de los fiscales para realizar su trabajo. A finales de mes ya no tenía ninguno”. El texto refiere una polémica más: las diferencias entre Gertz y Gómez Fierro en el arresto del exprocurador Jesús Murillo Karam.
“Los policías ministeriales de la unidad dejaron de asistir a su puesto de trabajo. Según fuentes conocedoras de la situación, esto ocurrió en los últimos días de agosto, poco después de la detención de Murillo Karam, ocurrida el viernes 19. Para entonces, Gómez Trejo estaba en Israel. El fiscal del caso Ayotzinapa había viajado a aquel país para poner en conocimiento de sus pares la investigación que han armado estos años contra Tomás Zerón. Encargado de las pesquisas durante los meses posteriores al ataque, a finales de 2014 y principios de 2015, la UEILCA acusa a Zerón de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia, entre otros delitos”, dice El País.
“Mientras Gómez Trejo estaba en Israel –agrega Ferri–, agentes adscritos a la unidad se comunicaron con los fiscales y les explicaron que les habían mandado a ‘La Muralla’, nombre con que se conoce al centro de capacitación de la FGR en San Juan del Río, en Querétaro. Desde finales de agosto, las preguntas de la unidad por el destino de sus agentes recibe la misma respuesta: ‘Los están investigando por un posible acto de corrupción’”.
A finales de agosto, “ya con Gómez Trejo de vuelta de Israel, la unidad pidió al fiscal general policías ministeriales para continuar con su labor. Entre otros temas, la unidad necesita agentes para las siguientes audiencias del caso contra Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Procesado en agosto, el juez dio un plazo de tres meses a las partes para reforzar sus argumentos antes de iniciar la audiencia intermedia, paso previo al juicio. Hasta el momento, no ha habido respuesta”, cita cita el, diario español.
Días antes, El País informó que la Fiscalía había solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto.
El País dijo que el caso “dibuja un conflicto entre la filial [Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, a cargo de Gómez Trejo] y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro. La dependencia no ha informado del resto”.
“Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014. Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada”, dijo el diario.
Además de los militares, el Juez retiró órdenes contra el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Fuente: Sin Embargo