Legisladores de Morena y PES propusieron al Congreso de Puebla sancionar con hasta 12 años de cárcel y multas económicas, a quien difunda o transmita noticias falsas en medios de comunicación y plataformas digitales ante situaciones de emergencia.
Actualmente, el artículo 165 del Código Penal estatal ya plantea sanciones de prisión y multas, pero sólo para quienes las difundan en medios de comunicación.
Por ello, las plataformas digitales -entre ellas redes sociales- fueron añadidas a la iniciativa que enviaron los legisladores Gabriel Biestro y Nora Merino Escamilla, de Morena y PES respectivamente, a la Comisión Permanente el pasado 27 de abril.
"La misma sanción se aplicará a quienes difundan o transmitan informaciones falsas por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe, o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte a la nación, con las que, además, se genere miedo, temor o confusión entre la población, o provoquen descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado".
En la explicación de esta propuesta, los legisladores aseguran que cualquier réplica de un texto, como por ejemplo en Twitter con un 'retuit', podría ser considerada como una práctica que fomenta la información falsa.
"Como seres humanos, tendemos a creer que hay una razón para algo si vemos a otros promocionarlo, retuitear o compartir información, lo que altera la forma en que el contenido es percibido por consumidores de contenido posterior", se afirma en el texto.
"Si vemos una multitud de personas corriendo, nuestra inclinación natural es correr también. Históricamente, esta respuesta pudo habernos ayudado a evitar a los depredadores, pero en el mundo digital de hoy, nos hace vulnerables".
En menos de dos días, la iniciativa fue considerada por la organización internacional Artículo 19 como ilegítima, innecesaria y desproporcional por atentar contra la libertad de expresión e información: "La iniciativa, en caso de aprobarse, constituiría una norma ilegítima, innecesaria y desproporcional, conforme al test previsto en los estándares internacionales, para el establecimiento de restricciones a la libertad de expresión e información".
Asimismo, fue criticada por la Red de Periodistas de Puebla por la falta de definición en sus alcances y por propiciar censura a quienes cuestionen o estén en desacuerdo con las acciones públicas del Estado.