Tras recordar que, según las cifras oficiales, más de 40 mil personas están desaparecidas en México, la expresidenta de Chile aseveró que “nadie debe ser sometido más tiempo a este calvario” y que “prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”.
El acuerdo –que Bachelet firmó hoy con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón–, establece que la oficina de la ONU-DH en México participará en las reuniones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, que el nuevo gobierno creó el pasado 15 de enero, pero también la asesorará, vigilará el cumplimiento de recomendaciones y dará seguimiento a las “posibles irregularidades cometidas en el marco de las investigaciones”, entre ellas los casos de tortura que la propia ONU documentó.
“Sabemos que invitar a la señora Bachelet representa para nosotros un enorme compromiso”, sostuvo Ebrard. Y añadió que, en el caso de Ayotzinapa, “no habrá límite, no se escatimará ningún esfuerzo”.
“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano”, sentenció Bachelet. Y abundó: “A la vez, es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial, que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”.
Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, recordó que, cuatro y medio después de la noche de Iguala, “ha sido muy difícil para nosotros” porque “el gobierno de (Enrique) Peña Nieto solamente nos decía puras mentiras”, pero que “ahora con este nuevo gobierno, con esta nueva etapa de búsqueda nos han abierto las puertas sin manifestarnos”
“Lo que queremos es saber dónde están nuestros hijos, esperamos que este año sepamos dónde están”, sostuvo, en entrevista con Apro. Y añadió que “nos falta que se forme el fiscal para empujar las investigaciones; esperamos que esté pronto para empezar las investigaciones (…) todavía no tenemos la fecha, pero ahí la llevamos, paso por paso”.
Por su parte, Santiago Aguirre Espinosa, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), recuerda que “para nosotros son muy importantes estos mensajes donde están funcionarios de primer nivel, comprometidos con llegar a la verdad en el caso, porque sirven como llamamientos a quiénes tienen información relevante para que se acerquen”.
Sobre el caso de Ayotzinapa, estima que “todavía va para largo”, pues “van muy buenos avances en materia de atención a los padres, en términos de salud, en casos de concretar la asistencia técnica internacional, pero nos está faltando el tercer pilar, que es la instancia penal que va a dar seguimiento al caso dentro de la nueva Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo el abogado, en entrevista con Apro.
“Durante toda la investigación, la ONU averiguó sobre las irregularidades, sobre las torturas contra personas detenidas, e hicieron el informe ‘Doble Injusticia’. Fundamentalmente va a monitorear que ese informe se cumpla adecuadamente”, señaló. Abundó: “Es central que puedan ser investigados y sancionados los funcionarios que estuvieron involucrados en casos de tortura”.
www.proceso.com.mx