Un juez federal rechazó otorgar un amparo al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez por la vinculación a proceso que se dictó en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. Seguirá privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1, del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.
El impartidor de justicia solo dio a conocer el sentido de su resolución, pero no dio a conocer la versión pública de la sentencia.
También le negó la protección de la justicia federal contra la prisión preventiva justificada, fallo que impugnó. Ahora corresponderá a un tribunal colegiado resolver si confirma, modifica o revoca el resolutivo de primera instancia.
César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, enfrentó a la justicia en el estado de Chihuahua después de un proceso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en el cual alegó sufrir persecución política.
Fue vinculado a proceso penal en junio de este año por los delitos de peculado y asociación delictiva ya que fue señalado por transferencias ilegales de 96.6 millones de pesos que hizo de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal mientras era gobernador.
Al respecto, el juzgador declaró infundados los agravios del ex mandatario, quien argumentó que “la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el plazo de un año que se le impuso, ocasiona una demora prolongada en su detención, lo que constituye una pena anticipada”, ya que la autoridad no tomó en consideración que estuvo detenido por casi dos años a causa del procedimiento de extradición”.
Al respecto, el impartidor de justicia señaló que la medida de prisión preventiva justificada es la idónea y proporcional como cautela para salvaguardar los fines que conlleva el proceso penal instaurado en su contra y así para asegurar su presencia en el proceso.
El juez recordó que existen datos que revelan que el ex mandatario fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, donde permaneció por más de cinco años, incluso la propia defensa sostiene que tramitó su residencia y cuenta con licencia para conducir en esa nación.
“Lo que evidencia, objetivamente, que el imputado carece de arraigo en el lugar donde deba ser juzgado y cuenta con las facilidades para abandonar el país; aunado a la pena que pudiese imponérsele por los hechos imputados. En ese sentido, es incuestionable que existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia”.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, entre 2011 a 2014, Duarte Jáquez acordó con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público un reparto de roles y actividades, para desviar recursos del patrimonio estatal por 96 millones 685 mil 253 pesos.
Fuente: La Jornada