El gobierno federal se alista para la respuesta legal que darán el próximo lunes las once empresas fabricantes de armas en Estados Unidos a las que demandó hace tres meses por su presunta negligencia que facilita el tráfico ilícito y la violencia en el país.
El gobierno de México siente optimismo por el avance de la demanda que interpuso en agosto en una corte federal de Boston, Massachusetts, aunque también está listo para que trascienda al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según informaron este viernes fuentes de la Cancillería.
El equipo legal, indicaron, dispone de un millón de dólares al año para el litigio con una mezcla de consultores propios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y abogados que trabajan probono.
Los involucrados estiman que las empresas estadounidenses, que darán una respuesta conjunta el próximo 22 de noviembre, pidan desestimar la demanda con el argumento que el gobierno de México no puede demandarlas por el área de jurisdicción.
México tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para una contrarréplica, mientras que las compañías acusadas, como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Ruger & Co., podrán volver a responder hasta el 28 de febrero.
Las fuentes aseguraron que el gobierno mexicano no contempla entre sus opciones un acuerdo extrajudicial para frenar la demanda, que exige garantías de no repetición y una reparación del daño, en un monto aún indefinido.
La inédita demanda de México, que se interpuso el 4 de agosto, es sólo contra las empresas fabricantes de armas, no contra el gobierno de Estados Unidos.
México argumenta que han entrado medio millón de armas de Estados Unidos desde 2004, cuando Washington derogó la prohibición de armas de asalto durante la presidencia de George W. Bush.
Las empresas a las que se dirige la demanda, según el gobierno, producen más de dos tercios, el 68 %, del total de armas traficadas desde Estados Unidos, lo que significa que cada año venden más de 340.000 pistolas que viajan desde sus plantas estadounidenses hasta México.