La Alianza Federalista, integrada por diez gobernadores, anunció que recurrirá a la Corte para tratar de evitar la desaparición de más de cien fideicomisos federales, por considerar que este hecho representa un "agandalle" de recursos por parte del Gobierno federal. En conferencia conjunta, tras sostener una reunión privada en Aguascalientes, el bloque afirmó que la extinción de dichos fideicomisos traería como consecuencia un uso discrecional de casi 70 mil millones de pesos y la posibilidad de que sean utilizados con fines político-electorales.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que los diez mandatarios estatales interpondrán una controversia Constitucional ante la Corte en contra de la concentración de recursos que, una vez eliminados los fideicomisos, se convertirían en "producto" excedente.
"En específico, lo que vamos a plantear es una ruta compartida en la que cada estado vamos a ir con una controversia Constitucional para atender un acto muy específico. Lo que vamos a combatir es la concentración que está intentando hacer el Gobierno federal de 68 mil millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en lo que técnicamente se llama producto o aprovechamiento, que significa en automático que ese dinero se convierte en recurso excedente, y eso significa discrecionalidad, es decir, con los recursos excedentes puedes hacer lo que quieras; ese es el acto que vamos a combatir".
Alfaro aclaró que, en esta etapa, la Alianza Federalista no está combatiendo la extinción de los fideicomisos como tal, porque aún no se concreta legalmente, aunque adelantó que "eso tendrá que venir después"; y aseguró que esta acción jurídica no es para que los gobernadores opositores tengan más recursos para gastar en sus estados, ya que no los ejercen los gobiernos locales, sino para evitar que se afecten sectores y agendas vitales.
"Pero evidentemente, lo que es de llamar la atención es que con el argumento de que en los fideicomisos había corrupción y discrecionalidad, se esté tomando esta decisión sin que haya una sola denuncia presentada por actos de corrupción; esa es la ruta jurídica que vamos a seguir. Lo que consideramos muy importante es convocar cada uno de nosotros, en nuestros estados, a un cierre de filas de los poderes públicos, de los sectores económicos, de los sectores sociales, del sector académico; necesitamos que se entienda que se está atentando contra los intereses de los estados que formamos esta nación", agregó.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, detalló que lo que la Alianza va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se extinguen los fideicomisos, donde se produce el "agandalle" de los recursos.
"Literalmente es un agandalle. Hay reconcentración de todos estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada quien tiene una visión de la afectación. Lo que hay que decir con toda claridad es que esta eliminación de los fideicomisos es otra agresión más en contra del federalismo. Se confirma la dinámica de reconcentración de facultades, de competencias y de recursos con el parapeto del combate a la corrupción, de la austeridad, de la transparencia. En realidad lo que buscan es generar una discrecionalidad política para manejar estos recursos hacia un año eminentemente electoral, que es el 2021", sentenció.
De así quererlo, abundó Corral, el Gobierno federal pudo haber reestructurado, corregido, reorganizado y transparentado los fideicomisos, pero fue por su eliminación para tener ese dinero y usarlo de manera discrecional: "Por eso digo que es un parapeto lo de la austeridad y la famosa rendición de cuentas. Se desanda otra vez el camino del federalismo y se confirma la regresión centralista que vive el país. Es una medida que va a afectar no a los gobernadores de los estados, va a afectar áreas fundamentales del desarrollo sustentable de México", alertó.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció amparos masivos de los usuarios afectados de dichos fideicomisos, mientras que Silvano Aureoles, de Michoacán, llamó a las instituciones financieras a que no se presten a este "juego" del Gobierno.
"No somos los estados los que estamos pidiendo el recurso, no somos los estados los que directamente estamos siendo afectados; indirectamente estamos siendo afectados, pero muy especialmente han sido los usuarios. Yo sí quisiera dejar algo muy claro, porque después le damos muchas vueltas: este recurso que está concentrando el Gobierno central no quiere que se le dé seguimiento hacia donde se va a aplicar. Estamos hablando de casi 70 mil millones de pesos. En pocas palabras, lo quiere utilizar con fines político-electorales. Es de todos conocido que es para eso que lo quiere, y no saben ni cómo ocultar esta situación", dijo Cabeza de Vaca.