México entró en la recta final de campaña de la inédita y polémica consulta popular del 1 de agosto sobre enjuiciar a los expresidentes por corrupción y otros delitos, cuyos impulsores tienen el enorme reto de lograr una participación del 40 por ciento de la población para que sea vinculante.
“La mayoría de la gente es receptiva y está dispuesta a participar en esta consulta con todo el ánimo. Algunos dicen que los metan a la cárcel, que devuelvan todo lo robado, que paguen”, comentó Narciso Monsiváis, ciudadano que promueve el referendo.
La consulta popular del próximo domingo, la primera de la historia de México a nivel nacional, fue convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
Sin embargo, el mandatario dice que no votará para no fomentar la “venganza”, por lo que la campaña está en manos de asociaciones ciudadanas vinculadas a su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“El tema central es que rindan cuentas ante la justicia mexicana por los crímenes de lesa humanidad, el endeudamiento histórico y la cantidad de desplazados por la supuesta guerra del narcotráfico”, explicó Monsiváis.
Lo cierto es que la pregunta no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el “Sí”, y se desconoce si el gobierno denunciará a los exmandatarios o creará comisiones de la verdad para resarcir a las víctimas.
En un inicio, la consulta iba a preguntar si el gobierno debía investigar y enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero la Suprema Corte modificó la pregunta, que finalmente cuestionará si se está de acuerdo en realizar “acciones con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
Ajenos al cambio de pregunta, los promotores de la consulta hacen campaña desde el 15 de julio empapelando las calles con las caras de los expresidentes.
Sin embargo, muchas voces sehan levantado en contra de que en un Estado de derecho se consulte a los ciudadanos si hay que perseguir delitos.
Es el caso del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien calificó el referendo de “circo político”.
El escollo principal de esta primera consulta popular es el de la participación, puesto que se requiere que vote el 40 por ciento de los 93 millones de mexicanos llamados a las urnas para que el resultado sea vinculante.
Un reto mayúsculo porque las elecciones intermedias del pasado junio tuvieron una participación del 53 por ciento y fue un dato histórico.
Tanto los promotores de la consulta como el entorno del presidente López Obrador critican que el Instituto Nacional Electoral (INE) no pone suficiente empeño para que el referendo sea un éxito.
En entrevista telefónica con Efe, el consejero electoral Martín Faz recordó que el INE pidió al Congreso mayor presupuesto, pero no les dio “ni un peso” de más.
“Nosotros hubiéramos querido instalar más mesas receptoras”, explicó Faz, ya que habrá 57,000 mesas electorales en todo el país, muchas menos que las 163,000 de los comicios pasados.
Sin embargo, confió en que es “un número suficiente para que haya una amplia participación” y celebró que el país avance hacia “una democracia directa”.