La Cámara de Diputados, erigido como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, los diputados avalaron retirarle al Mandatario local la inmunidad procesal penal por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada.
El caso fue turnado al Congreso de Tamaulipas, con mayoría panista, para que actúe "como corresponda".
En este punto existen interpretaciones, pues hay quienes señalan que el Congreso local, en donde el PAN cuenta con mayoría calificada, debe pronunciarse a favor o en contra del desafuero, y quienes señalan que la Legislatura estatal debe presentar al Gobernador ante el Ministerio Público.
Cabeza de Vaca fue desaforado sólo por el delito de defraudación fiscal equiparada, por un presunto daño al Fisco Federal por 6 millones 511 mil 777.57 pesos.
De acuerdo con el dictamen de la Sección Instructora que analizó el expediente, los otros dos delitos que planteó la Fiscalía General de la República (FGR) no fueron acreditados. Se trata de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A pesar de ello, la agente del Ministerio Público Federal, Elizabeth Alcantar, solicitó a la Cámara de Diputados aprobar el desafuero para proceder penalmente en contra de Cabeza de Vaca por los tres delitos.
"Honorable Cámara de Diputados, solicito declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que esta Fiscalía de la Federación ejerza acción penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada", pidió.
Alcantar acusó al panista de valerse de sus cargos públicos para acumular una fortuna de más de 951 millones de pesos que incluye una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos y en Tamaulipas, adquiridos entre 2005 y 2019, entre los que se encuentran empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias que han sido distribuidas entre una red de familiares y prestanombres para evitar su detección.
Lo anterior provocó el rechazo del abogado del Mandatario local, Alonso Aguilar Zinser, quien señaló que los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero no obran en el expediente de la Sección Instructora.
"Lo que se va a votar hoy es el dictamen propuesto por la Sección Instructora en el que quedaron fuera los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, todas las manifestaciones relacionadas con esos ilícitos no son materia del debate en esta sesión", advirtió.
Aguilar Zinser acusó a la Sección Instructora, presidida por el morenista Pablo Gómez, de vulnerar gravemente el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia del Gobernador, al haber realizado una audiencia pública en la que compareció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y al divulgar en la misma el contenido de la carpeta, lo que originó la percepción pública de que el Mandatario local se encuentra acusado por conductas que no cometió.
El abogado aseguró que entregaron a la Sección Instructora las declaraciones de impuestos realizadas por Cabeza de Vaca y por su esposa en abril de 2020, pero dicho órgano legislativo no los analizó.
Dijo que tampoco se consideró la escritura pública en que consta el contrato de compra-venta del departamento, el cual establece que el Gobernador y su esposa eran copropietarios.
"La Procuraduría Fiscal únicamente dio estados de cuenta del Gobernador y sus declaraciones de impuestos, y vio un ingreso de 42 millones de pesos y vio que sólo se había pagado la mitad, porque no tenía conocimiento de la existencia del contrato de compra-venta, si lo hubiera tenido, es muy probable que no hubiera formulado la querella pero, además, como no había auditoría fiscal, no era posible determinar qué parte de ese dinero correspondía a la esposa del Gobernador", sostuvo.
El presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez, reconoció que no hay elementos suficientemente fuertes para considerar los recursos que llegaron al poder de Cabeza de Vaca y que fueran claramente producto de delitos, al referirse a las acusaciones de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
No obstante, el legislador dijo que tampoco hay convicción de que no lo haya hecho y por eso se prefiere al inculpado ante el Fiscal.
El morenista aseguró que el iniciado en contra del Mandatario local ha sido un proceso limpio y en el que se han respetado las garantías de inculpado.
"Atrás quedaron los tiempos de procedimientos archivados para olvidad o culpar por consigna", dijo.
El panista José Elías Lixa acusó a la mayoría de montar un "vergonzoso circo mediático".
"Decidieron optar en tiempo electoral por el uso selectivo de los mecanismos de los instrumentos de Justicia. ¡Gritan! porque no tienen ideas, porque no tienen argumentos y porque ni siquiera han leído lo que van a aprobar, son una franca vergüenza y su educación así lo demuestra, han decidido utilizar la justicia para ayudar a sus amigos, pero para perseguir a sus opositores, han resumido su carrera política en el uso faccioso de la justicia", lamentó.
El legislador afirmó que a pesar de que la Sección Instructora tenía 60 días para analizar el dictamen, aprobaron éste en un solo día, y en él no pudieron pronunciarse sobre los tres delitos imputados al Gobernador, porque no incluyeron su declaración del ISR.
"Integraron a modo su Sección Instructora, no se pronuncian ni siquiera sobre tres de los delitos de los que supuestamente era acusado, que quede claro, lo dejó claro el presidente de la Sección Instructora: únicamente se está persiguiendo en teoría por no haber incluido una declaración de ISR. ¡Qué vergüenza el show mediático que montaron! () Pablo, ¿por qué dejaste tu lado democrático para convertirte en el director de este circo?, ¿en qué momento renunciaste a tu discurso de perseguido para articularte como un siniestro persecutor?, ¿qué intereses inconfesables motivan esta atrocidad?", cuestionó.