La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, a pesar de las advertencias de visos de inconstitucionalidad, afectación a las inversiones y la competitividad del País, así como riesgos de alza de los combustibles por minar la libre competencia y el rechazo a la posible expropiación de instalaciones de privados.
Con 21 votos a favor y 10 en contra, se aprobó el dictamen que se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados.
La reforma modifica la forma de expedir permisos para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Además, otorga nuevas facultades a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para suspender y revocar tales permisos.
Se prevé el control de las instalaciones de los privados por parte del Gobierno, cuando haya permisos que estén en revisión, lo que es visto por expertos como una expropiación disfrazada.
El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con: Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas; las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso; y la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
La votación se dio tras una sola ronda de oradores a favor y en contra, y las interrupciones a los diputados de la Oposición cuando argumentaban.
El diputado priista Enrique Ochoa advirtió que era un absurdo obligar a los inversionistas a contar con la capacidad de almacenaje para acceder a un permiso, por el riesgo de que la autoridad se lo niegue a pesar de haber hecho un gasto millonario. Dijo que en el sector lo usual es que primero se solicita el permiso y luego se construye la infraestructura.
"Pero la secuencia de ley es al revés, primero se propone se construya el almacenamiento y después que se acuda a la autoridad, a ver si lo puede conseguir. Va contra la lógica de la industria y se traducirá en menos capacidad de almacenamiento y no más capacidad, como deseamos todos", expuso.
También reclamó que no se hizo caso a las observaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, respecto a la inconstitucionalidad del proyecto de reforma.
Eugenio Arriaga, de Acción Nacional, reclamó la intención de volver al monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector.
"La seguridad energética no se resuelvev controlando todo y estatizando el sector energético, como si fuera el año 1970, dejando solo a Pemex en la comercialización y distribución de hidrocarburos y petrolíferos", afirmó.
"Una de las propuestas que nos parecen contradictorias y poco claras es referente a almacenamiento mínimo de petrolíferos, que los particulares deberán comprobar ante las autoridades para lograr los permisos, se agrava la participación de particulares, pero en la práctica son actividades que el Gobierno no quiere realizar".
El petista Benjamín Robles defendió la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con ella, aseguró, se interrumpirá el modelo energético neoliberal.
"El centro de la iniciativa presentada por el Presidente es combatir la corrupción, continuar limpiando la vida pública de nuestra nación", afirmó.
Sobre los permisos de almacenamiento, mencionó que se han dado estas autorizaciones sin sentido común, lógica y protección a la patria.
Con ajustes al artículo 59 bis, se otorgan a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía la atribución de suspender permisos expedidos sobre hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
La autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso.
Agrega: "a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros y el interés del Estado. La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso.
"Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes".
Transcurrido el plazo de los 15 días, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con un plazo de 15 días más para resolver, considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario.
La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra.
En el dictamen quedó el aspecto cuestionado por los expertos en materia energética sobre el riesgo de una expropiación velada de las empresas a las que se les pretende suspender o revocar permisos.
"La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros", establece. "Al efecto, podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de las anteriores".