La disposición emitida por el Gobierno mexicano contra los vaporizadores legales detonará el mercado negro, con el riesgo de que consumidores vapeen sustancias nocivas, denunciaron organizaciones.
Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, dijo que la "Alerta Sanitaria Máxima" que lanzó la Cofepris, junto con la Segob, contra los vaporizadores es usada con fines políticos.
Es una medida que va en contra de la lucha para combatir el consumo de tabaco en México, expuso.
"Mientras autoridades de Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia están en la etapa de utilizar a los vaporizadores en sus políticas públicas para combatir el tabaquismo, México sigue estancado en dogmas y desinformación, quitándole una oportunidad real a quienes desean abandonar el tabaquismo", denunció.
Cirión Lee afirmó que la alerta representa un desatino total, pues aborda un tema de salud con fines políticos, utiliza información parcial, fomenta el "terrorismo judicial y administrativo" en contra de los proveedores formales de los dispositivos, impulsará el mercado negro y, sobre todo, confunde a la población.
"Desde el 19 de octubre de 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional prohibir la venta de dichos artículos.
"La alerta es una medida arbitraria y mentirosa, porque soslaya el fallo de la Suprema Corte que ya avaló la venta de vaporizadores, lo que, por un lado, confunde a la población y, por otro, dará elementos a las autoridades sanitarias del país para ejecutar un terrorismo judicial y administrativo en contra de comerciantes formales", agregó.
Las autoridades saben que perderán en tribunales, pero en el ínter podrán decomisar los productos a los comercios, lo que provocará un sensible desabasto, orillando a los consumidores a buscar dispositivos y sustancias en el mercado negro, dijo.
El 19 de octubre de 2021, la SCJN determinó que era inconstitucional prohibir la distribución y comercialización de vaporizadores, con lo que homologó su criterio, pues había una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas.
Así, a partir de dicha jurisprudencia que se volvió obligatoria para todos los jueces federales, cualquier persona que presente un amparo alegado cualquier acto de la autoridad que le prohíba vender los dispositivos, le van a conceder el amparo.
Sin embargo, con todo y el fallo de la Corte, la Cofepris y la Segob anunciaron que se "fortalecen las acciones de vigilancia, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramiento de dispositivos".
Juan José Cirión Lee agregó que resulta de suma preocupación que un tema de índole de salud sea pervertido por fines políticos, pues resulta profundamente "extraño" que a la Alerta Sanitaria se haya sumado la Secretaría de Gobernación, cuando no es área de sus atribuciones.