Las calles y plazas de Colombia se volvieron a llenar ayer de manifestantes, al cumplirse un mes del inicio de las protestas por el descontento social y político de buena parte de la población, jornada que volvió a estar teñida por la violencia y que dejó al menos tres muertos en la ciudad de Cali.
Ante dicha situación, el presidente de este país, Iván Duque, ordenó el despliegue de tropas militares en Cali.
De esta manera, mientras en muchas partes de Colombia la sexta jornada de paro nacional transcurrió sin incidentes y de forma festiva, con conciertos, bailes y las usuales arengas, en Cali, convertida en epicentro de protestas, la violencia volvió a tomar algunas calles.
“Esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar”, informó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, al referirse a los tres civiles muertos ayer.
Los crímenes fueron cometidos en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, y uno de los lugares donde se han vivido las escenas de mayor violencia en las últimas semanas.
Un miembro de la “Primera Línea”, como se conoce a los jóvenes que se sitúan con escudos en la parte delantera de las movilizaciones, contó a los medios que un hombre al que le fue impedido el paso en un punto de bloqueo sacó un arma y comenzó a disparar contra quienes estaban allí.
Eso desató un enfrentamiento en el que, según el testigo, el hombre, quien era miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, siguió disparando mientras las demás personas le arrojaron piedras y luego lo lincharon.
“Era un funcionario adscrito al CTI quien, de acuerdo a la información recopilada hasta este momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, explicó el fiscal general, Francisco Barbosa, quien confirmó que el agresor, llamado Fredy Bermúdez Ortiz, no se encontraba de servicio.
Algunas personas han denunciado que desde hace varios días circulan en Cali panfletos que acusan a quienes bloquean las vías de ser miembros de las disidencias de las FARC y de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o del Ejército Popular de Liberación (EPL), y les dan 48 horas para abandonar sus filas.
Además de incluir varios nombres, los panfletos amenazan a estudiantes universitarios, a la minga indígena, a defensores de derechos humanos y a sindicatos de izquierdas, declarándolos “objetivo militar” alegando que “pagarán por sus actos”.
No es la primera vez que se viven enfrentamientos entre civiles en las protestas, puesto que el pasado 9 de mayo varias personas atacaron a la minga indígena en un barrio de Cali alegando que estaban atacando y saqueando viviendas, hechos en los que fueron heridos ocho indígenas.