La iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas, garantizar igualdad ante la ley y recuperar confianza ciudadana, eliminando privilegios procesales que suelen interpretarse como impunidad.
El diputado Luis Valdeñas (Morena) fue tajante: “No más Cuauhtémoc Blanco”, al pedir que se sancione la inasistencia de legisladores que no acuden al pleno ni participan activamente en comisiones.
La iniciativa, presentada por el diputado José Miguel Gutiérrez, tiene como objetivo impedir la contratación o promoción de familiares en cargos públicos, con el fin de fortalecer la transparencia y la equidad en el servicio público.
Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de bancada, destacó que la suma fortalece al movimiento y le otorga mayoría simple (la mitad más uno de los 75 diputados), lo que les permitirá aprobar iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo sin depender de PVEM ni PT.
Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la transformación del Estado de México.
La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, autora de la propuesta, señaló que estos foros permitirán a los cabildos y directores municipales escuchar las demandas de la población y atenderlas de manera directa.
En tono más crítico, advirtió que próximamente hablará sobre personajes a los que llamó “Los Beverly de la 4T”, en referencia a actores internos del movimiento que considera alejados de los ideales originales de la izquierda.
La propuesta fue presentada por la diputada Martha Camacho Reynoso, quien planteó reformar el artículo 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
La iniciativa, presentada por la diputada Azucena Camacho Reynoso, establece que las y los presidentes municipales deberán notificar por escrito a la Legislatura local cualquier salida del país, especificando la justificación, los objetivos del viaje y la comitiva que los acompaña.
La propuesta se enmarca en la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, mediante la cual se extinguió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y se transfirieron sus funciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
