Pese a las declaratorias de alerta por violencia de género, el Estado—entendido como el gobierno, las organizaciones civiles y las familias—ha fallado a las mujeres. Aún no garantiza una justicia pronta ni expedita, permite la impunidad de feminicidas y no ha logrado frenar las agresiones contra este sector.
En ello coincidieron las diputadas petista Ana Yurixi Leyva y la priista María Mercedes Colín, así como activistas y representantes de la academia, durante el foro “Alertas de Violencia de Género a 10 años: logros, desafíos y perspectivas”.
Leyva Piñón, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local, enfatizó que las y los servidores públicos revictimizan, minimizan la violencia y niegan la realidad.
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A este foro fue convocada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que había confirmado su participación con una ponencia, pero no acudió. Ante ello, la legisladora criticó que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la dependencia no diera la cara a las víctimas de feminicidio y actuara con opacidad e incapacidad.
Bajo estas circunstancias, insistió en la necesidad de que José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, valore su permanencia en el cargo:
“Solicito nuevamente la renuncia del fiscal por la falta de compromiso en este foro tan importante y de tanta relevancia para nuestras mujeres mexiquenses”, declaró.
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Leyva Piñón reconoció que, desde el lanzamiento de la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio en el Estado de México en 2015, se han implementado diversas acciones; sin embargo, lamentó que no se ha erradicado la impunidad ni se han logrado mecanismos de transformación.
“A pesar de los avances, las mujeres siguen desapareciendo, siguen siendo asesinadas y siguen enfrentando un sistema que no responde con la urgencia que la situación amerita”, recriminó. Agregó que las alertas deben convertirse en una estrategia integral de prevención y que el Estado no debe esperar para actuar.
Por su parte, Colín Guadarrama señaló que las estadísticas demuestran el limitado alcance de las instituciones para garantizar la seguridad de las mexiquenses. Exhortó a la Secretaría de las Mujeres a revisar la asignación de recursos para las alertas, pues cuestionó que solo el 15 % se destine a la prevención. Asimismo, pidió evaluar la aplicación de los recursos de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.
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María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, detalló que, de 2023 a 2024, se registraron 643 mujeres asesinadas en el Estado de México. De estos casos, solo el 25.6 % se investigó inicialmente como feminicidio. Además, lamentó que el Registro Nacional de Desaparición contabiliza 31,180 mujeres desaparecidas en la entidad, sin datos claros sobre cuántas han sido localizadas con vida o sin vida.
Criticó que el Estado de México no proteja a las mujeres y que siga operando con mecanismos deficientes. Por ello, solicitó al Congreso sancionar la negligencia y omisión de las autoridades en casos de violencia que derivan en feminicidio, así como acompañar las leyes con herramientas efectivas para su implementación.
En tanto, Luis Alfonso Guadarrama Rico, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), instó a priorizar en la agenda política la justicia y los derechos de las mujeres.
Luz María Lemus, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial estatal, reconoció que las cifras no favorecen a la entidad en materia de protección a las mujeres. Consideró que las alertas de violencia de género carecen de efectividad porque, en algunas dependencias y organismos, no se asignan recursos suficientes para atenderlas.
También advirtió sobre la importancia de no minimizar las violencias en los ámbitos familiar y laboral, ya que la mayoría de las personas vinculadas a proceso por feminicidio son exparejas sentimentales, padres, profesores, novios o amigos de las víctimas.
Finalmente, Erika Chula Cabello, madre de Valeria, una menor víctima de feminicidio el 16 de abril de 2022 en Coacalco, denunció haber sufrido discriminaciónpor parte de la Fiscalía mexiquense. Pidió justicia para su hija y exigió garantizar la seguridad de todas las mujeres del Estado de México.