El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso sancionar con hasta siete años de prisión la comercialización de objetos robados u obtenidos mediante actos ilícitos en vías y plazas públicas, mercados o tianguis.
Específicamente, la iniciativa de la diputada Liliana Gollas plantea sanciones de tres a siete años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado (sin que exceda de un mil días) cuando se acepte, reciba, adquiera, posea, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, traslade, use u oculte el o los objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes provenientes de hechos ilícitos, en vías y plazas públicas, mercados municipales o áreas de uso común para realizar actividades comerciales o de servicios. Además, establece penas por dos terceras partes del delito encubierto y multas iguales a cinco veces el valor de los bienes (sin exceder mil días de multa) para los casos de “encubrimiento por receptación” -posesión de productos robados.
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La iniciativa también prevé penas de uno a tres años de prisión, 30 a 150 días de multa y destitución definitiva de su empleo, cargo o comisión al servidor público que conozca de la comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes provenientes de hechos ilícitos en los sitios enunciados y lo oculte al conocimiento del Ministerio Público. Si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y procuración de justicia, así como de la policía pública o privada, la pena aumentará hasta en una mitad más de la que le corresponda.
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A partir de los cambios, los ayuntamientos deberán prohibir la venta de los objetos y bienes señalados en puestos fijos, semifijos o comercios ambulantes y locales ubicados en vías, plazas públicas, mercados públicos municipales, áreas de uso común y áreas públicas destinadas para actividades comerciales o de servicios, debiendo dar aviso a la autoridad competente.
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Tan sólo en enero y febrero de 2020 fueron denunciados 24 883 robos en el Estado de México, cifra que significó 20% del total registrado a nivel nacional, principalmente a casas habitación, en vía pública y en el transporte público. Los bienes con mayor mercado de comercialización son los teléfonos celulares, que también se han convertido en un instrumento para la extorsión, secuestro, robo de personalidad y de cuentas electrónicas.
Gollas Trejo justificó que las agravantes del delito de robo señaladas en la Legislación local deben estar basadas no en el robo de algún objeto o bien específico, sino en quien lo comete, el lugar donde acontece o las características con que se realiza, y considerar que en la calificación del delito pueden aplicarse dos o más agravantes y sumarse las penalidades. Por eso, desde el punto de vista de la también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, incluir el supuesto de venta o comercialización de objetos robados en áreas públicas sería más eficiente para atender los altos índices delictivos.
Las propuestas de reforma al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Seguridad del Estado de México fueron turnadas a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito, donde serán analizadas y dictaminadas.