Con el propósito de combatir el fenómeno de los “motoratones” (robo por parte de motociclistas) en el Estado de México, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso reformar el Código Penal del Estado de México y establecer como agravante de esta conducta el uso de motocicletas para cometerla.
La diputada Myriam Cárdenas, autora de la iniciativa, destacó que en la actualidad existe un vacío jurídico que permite que estos actos queden impunes, o bien que su pena sea considerada mínima, de manera que es necesario elevar la sanción.
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También indicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica al Estado de México como la entidad que registra el mayor número de motocicletas robadas en el país, por lo que exhortó a las autoridades estatales y municipales a crear planes estratégicos de prevención y regulación.
Expuso que los llamados “motoratones” se han convertido en un problema de seguridad pública grave que afecta la paz social, pues éste fenómeno deja secuelas psicológicas entre las personas, a quienes infunde temor constante a ser asaltadas.
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La falta de regulación, el difícil seguimiento y detección por parte de autoridades, el precio accesible y velocidad de los vehículos, planteó, han hecho de las motos un instrumento para delinquir de manera fácil, y su uso también se asocia con otros delitos, como el narcotráfico, los homicidios y el contrabando de mercancías ilegales.
Destacó que datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) revelan que 70% de ilícitos como asesinatos, robos a transeúntes, comerciantes y unidades del servicio de transporte público de pasajeros y de carga son perpetrados por sujetos que utilizan motocicletas.
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La diputada priista explicó que existe un vacío en las leyes que permite a estos actos quedar impunes o bien que su pena sea mínima, por lo que, desde su punto de vista, el inicio para castigar de manera severa esta problemática es mediante reformas que protejan la esfera jurídica y seguridad de las personas.
Por tanto, Cárdenas Rojas refirió que la finalidad de la iniciativa es agravar la conducta de robo cuando se realice a bordo de motocicletas, ya que también pone en riesgo la vida de las personas, pues la mayoría de quienes cometen estos ilícitos utilizan armas.
La legisladora aclaró que la reforma no pretende criminalizar o estigmatizar el uso motocicletas o a los usuarios, sino dotar de herramientas al órgano jurisdiccional para que, al momento en que el juzgador estime las características y circunstancias del robo, cuente con los elementos probatorios suficientes para determinar que la motocicleta fue utilizada como instrumento del delito.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictamen.