Se consideran agravantes los casos en los que la víctima presente violencia sexual, mutilaciones, lesiones degradantes o actos de necrofilia; cuando exista violencia previa (familiar, política, laboral o institucional); o si el cuerpo es exhibido o difundido mediante cualquier medio de comunicación.
Salinas Reyes recordó que, tan solo en 2022, la Secretaría de Gobernación registró 20 mil 327 menores desaparecidos, de los cuales 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.
La decisión federal surge tras el escándalo del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien la semana pasada solo permaneció conectado cinco segundos a una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto, mientras era captado jugando pádel.
El propósito de la reforma es fortalecer la capacidad del Estado para proteger el patrimonio biológico, cultural y alimentario
Hasta ahora, el marco legal exentaba de sanción a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, así como a personas allegadas al responsable por razones de respeto, gratitud o amistad, siempre que no actuaran con interés ilegítimo.
La iniciativa, presentada por la diputada Zaira Cedillo Silva, busca que la entidad se sume a las 13 que ya aprobaron la “Ley Malena”, inspirada en el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido en 2019.
El acuerdo fue suscrito el 24 de febrero de 2011, durante el gobierno de Peña Nieto, por un monto total de 7 mil 980 millones de pesos, con vigencia de 20 años.
Delgado Pérez labora en la institución desde 1997. Ha sido visitador general en Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla. Además, fungió como encargado de despacho de la presidencia tras la salida de Jorge Olvera García, antes del nombramiento de Myrna Araceli García Morón.
De ser respaldada en comisiones y ratificada en el pleno, la medida sancionará a quien reclute menores para integrar pandillas, traficar armas, realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.
Los cambios propuestos alcanzan a las leyes de Educación, Asistencia Social y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los códigos Administrativo y Civil.
