Debido a que con la construcción de la autopista Naucalpan-Ecatepec se cerró la ruta de evacuación de emergencia en San Juan Ixhuatepec, la Legislatura local urgió al gobierno estatal a generar infraestructura que garantice un pronto desalojo, en caso de una nueva conflagración como las explosiones ocurridas en 1994 que cobraron la vida de entre 500 y 600 personas.
Al llamado promovido por el morenista Max Correa Hernández se sumaron las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), y al final fue respaldado por unanimidad.
De esta manera, los secretarios general de Gobierno, Movilidad y Desarrollo Urbano, Ernesto Nemer, Gilberto Limón y Rafael Díaz Leal, respectivamente, además deberán gestionar con autoridades federales y municipales el reinicio y fortalecimiento de los programas o planes de prevención de una emergencia en la zona de alto riesgo en torno al polígono de seguridad.
Correa Hernández recordó que las explosiones en San Juanico ocurridas hace 37 años son el peor desastre del país provocado por el estallamiento de petroquímicos.
Derivado de la explosión, indicó, se delimitó un polígono de seguridad para establecer que en el uso del suelo no se podían construir viviendas o asentamientos, pero no se respetó lo establecido; en 1991 y 1996 se decretaron modificaciones al uso del suelo para dar pauta a la densificación urbana que alcanzó las zonas de las cañadas y el cerro del Chiquihuite, donde recientemente ocurrió un deslave.
Además, lamentó, la ruta de evacuación que se había diseñado desde 2019 quedó encerrada con la autopista estatal Naucalpan-Ecatepec, por lo que es urgente construir una salida de emergencia que preserve la integridad de los habitantes, en caso de presentarse cualquier amenaza o riesgo químico por las gaseras asentadas en el polígono de seguridad o ante cualquier otra conflagración.
Se requiere, indicó Correa Hernández, presupuesto para que las autoridades lleven a cabo las obras necesarias, a fin de enfrentar el grave riesgo que representa este polígono, y dijo esperar que el exhorto no sea tomado sólo como un “llamado a misa”.
El morenista expuso que el Ayuntamiento de Tlalnepantla convocó al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a empresarios de las gaseras y al gobierno estatal, a la instalación de un grupo de trabajo para rediseñar y hacer viable la ruta de evacuación para la población, que quedó encerrada con la autopista.
Dado que ahora existen conjuntos habitacionales aledaños a las gaseras, se planteó la actualización de protocolos de emergencia y acciones de mitigación de riesgos.
Sin embargo, lamentó, este esfuerzo se diluyó con la pandemia de Covid-19 y con la ausencia de un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en la Coordinación estatal de Protección Civil, pues la legislación vigente reflejada en el Libro VI del Código Administrativo es arcaica, insuficiente, y responde al modelo de la Ley General de Protección Civil vigente hasta el año 2012, por lo que tiene nueve años de atraso.
Es necesario, destacó, un cambio de paradigma; de otra manera, dijo, seguirá costando vidas.
Los vecinos de San Juan Ixhuatepec, lamentó, son las víctimas principales de la ausencia estructural de prevención de riesgos, pues apenas vivieron un desbordamiento de aguas torrenciales con saldo de un muerto, y un desprendimiento de piedras de consecuencias fatales, a los que se suma el permanente riesgo químico, incrementado por la ausencia de acciones eficaces y por obras públicas carentes de planeación, sin consulta pública y de impacto negativo socio-ambiental. Las gaseras de San Juanico, insistió, “son una bomba de tiempo”.