La Unión Mexiquense de Transportista manifestó su rechazo a la norma técnica propuesta por la Secretaría de Movilidad y la Legislatura local para regular la prestación de los servicios de arrastre, salvamento, resguardo y depósito de vehículos.
Jacinto Hernández, dirigente de la organización, advirtió que su organización no permitirá el aval a una norma hecha sobre las rodillas “porque es una reglamentación a modo de algún grupo parlamentario con fines meramente electorales y no para favorecer a la sociedad, de la que también los empresarios del sector transporte formamos parte”.
Hernández Gutiérrez aseguró que el costo de sus servicios no es un capricho, sino que responde a los gastos que realizan para costear la “imparable corrupción de funcionarios y elementos de todo nivel o corporación, que nos ven como una auténtica mina de oro, cuando en realidad a veces no sale ni para los sueldos del personal que trabaja en esto”.
“Que lo entiendan de una vez quienes nos llaman dolosamente ‘grulleros’: somos empresas legalmente constituidas que aún en tiempos de crisis cumplimos todos los requisitos que nos solicitan para otorgarnos o renovar la concesión correspondiente por parte de la Secretaría de Movilidad de la entidad mexiquense… ahora no nos salgan con ocurrencias de una nueva norma que a todas luces se ve que fue hecha sobre las rodillas de algunos legisladores”, expuso.
Durante la actual Legislatura, tres grupos parlamentarios: Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Revolucionario Institucional (PRI) presentaron, cada uno, una iniciativa para regular los excesos en los servicios que los grulleros prestan.
Las propuestas, responden a quejas de ciudadanos por los altos cobros de los servicios de que prestan las grúas; el mismo secretario de Movilidad, Gilberto Limón, reconoció ante los diputados locales que impera la corrupción en el sector, y que en ocasiones, a través de diversas estrategias de los empresarios del sector, como el cambio doloso de corralón, infla el costo original de manera que al propietario se le pretende cobrar un monto aún mayor al costo del vehículo.
Desde la presentación de la primera iniciativa, impulsada por Morena, la dependencia, en coordinación con los diputados, comenzó a elaborar una norma que establece 22 requisitos para los prestadores del servicio de grúas y corralones, entre ellos la obligatoriedad de poner a la vista del público las tarifas.
Además, introduce una aplicación digital de la Secretaría de Movilidad para transparentar costos y evitar abusos y extorsiones de los operarios; ésta emitirá recibos que no podrán pagarse en efectivo, sino en bancos y tiendas de conveniencia por medio de terminales.
Reglamenta las especificaciones de un corralón para que cumpla con determinada infraestructura, se ubique donde el concesionario solicite la concesión, cuente con videocámaras para evitar daños a automotores y usuarios, incluyan seguros para cubrir los daños en que incurran, y las grúas no deben tener una antigüedad mayor a diez años, entre otras disposiciones.