La Legislatura mexiquense aprobó en comisiones reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública y de Movilidad, y del Código Administrativo del Estado de México para regular los servicios proporcionados por grúas y corralones para evitar los excesos en sus cobros.
Pese a la resistencia mostrada en las últimas horas por la Unión Mexiquense de Transportistas, la decisión se tomó por unanimidad de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Planeación, y Finanzas Públicas, al dictaminar las iniciativas promovidas por el grupo parlamentario de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), aunque también el Partido del Trabajo (PRI) y el Revolucionario Institucional (PRI) propusieron reformas en este sentido.
Los diputados coincidieron en la necesidad de atajar la opacidad en los cobros de los servicios, los robos de autopartes, los cobros de tarifas mayores que el costo del vehículo, entre otras anomalías que, dijeron, actualmente representan atracos, son formas de extorsión y exhiben la corrupción de la que también son parte los agentes de tránsito.
La nueva norma regula las tarifas y obliga a transparentarlas, delimita el marco geográfico de operaciones, elimina la discrecionalidad de las denominadas maniobras especiales (cuando un vehículo siniestrado queda fuera de la cinta asfáltica), obliga a que se otorgue seguro por los daños sufridos, y a la colocación de cámaras de videovigilancia en los depósitos para evitar daños a automotores y usuarios.
También introduce una aplicación digital de la Secretaría de Movilidad para transparentar costos y evitar abusos y extorsiones de los operarios; ésta emitirá recibos que no podrán pagarse en efectivo, sino en bancos y tiendas de conveniencia por medio de terminales.
Además reglamenta las especificaciones de un corralón para que cumpla con determinada infraestructura, se ubique donde el concesionario solicite la concesión, y las grúas no deben tener una antigüedad mayor a diez años, entre otras disposiciones.
La morenista Carmen de la Rosa precisó que además de las tarifas, también deben rotularse en los establecimientos la razón social de la empresay los requisitos para la liberación de vehículos.
Su correligionario Isaac Montoya consideró normales las reacciones de los grupos que se verán afectados –en alusión a la Unión Mexiquense de Transportistas-, pero advirtió como urgente regular el sector para garantizar certidumbre a los mexiquenses, pues en la actualidad operan “mafias, redes de delincuencia organizada” que toman como blanco a los automovilistas.
También pidió mayor información sobre las tarifas, al advertir que las reformas aumentan los costos por los servicios proporcionados a los vehículos accidentados, y los de las concesiones y permisos, a fin de conocer su impacto en la recaudación estatal.