El Ayuntamiento de Tultepec impondrá multas que irán de una a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), y arresto administrativo hasta por 36 horas, a los habitantes, visitantes y transeúntes que no usen cubrebocas en la demarcación.
La disposición fue emitida por el presidente municipal suplente, Marco Antonio Cruz Cruz -quien asumió el cargo a finales de mayo pasado, tras la muerte del propietario, Armando Portuguez Fuentes-, a través de una circular con fecha del 30 de junio, en la que dispone el uso obligatorio del barbijo.
Por esta razón, el diputado morenista Julio Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura local, llamó al Ayuntamiento perredista a reconsiderar la disposición y, en todo caso, a facilitar, mediante diversas acciones de salud, el cuidado de los habitantes, como lo hacen otras autoridades locales, por medio del reparto masivo de cubrebocas lavables, recorridos en zonas comerciales o de concentración, campañas de difusión para invitar a la gente a respetar la sana distancia y las medidas sanitarias.
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“Por un lado, se tiene que proteger la salud, pero no se puede caer en el autoritarismo contra quienes rompan las medidas. Se debe invitar, exhortar y facilitar a la población para que se cumplan las medidas, mas no sancionar o castigar, porque estaríamos cayendo en un problema de autoritarismo y se presta a otras interpretaciones como abuso de poder y corrupción”, advirtió.
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El legislador recordó que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno federal alertó sobre los riesgos de caer en medidas autoritarias, pues no se deben usar la pandemia y la salud para reprimir, castigar o sancionar al pueblo: “Como gobierno municipal, hay que facilitar todas las medidas de salud pública a la población. Tendrá que sentarse el cabildo, las autoridades de salud municipal, y ver cómo coadyuvar a la población para que esas medidas se lleven a cabo; con carteles, repartición de gel antibacterial y sana distancia”, propuso.
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Hernández Ramírez aseguró que al sancionar con multas y arrestos, existe un grave riesgo de caer en abusos de poder por parte de la policía municipal, en violación a los derechos humanos de las personas, pues no existen protocolos de actuación sobre este tema.
“Esta medida se puede prestar a abusos de poder de la policía, por el desconocimiento de cómo actuar. Hay una falta de protocolos y se presta a esas actuaciones, que estarían lesionando los derechos de las personas”, destacó. Recordó que en Guadalajara ya ocurrió abuso de autoridad por este tema, cuando policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron, el 4 de mayo, a Alejandro Giovanni López por no usar cubrebocas en la vía pública, comenzaron a golpearlo y ahorcarlo, y al día siguiente se informó sobre su muerte.