Para evitar la renovación indiscriminada de concesiones, como ocurrió con el Circuito Exterior Mexiquense operado por OHL, la Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad establecer la facultad y obligación del Estado de retomar el control de las autopistas una vez que la iniciativa privada recupere su inversión con los rendimientos previstos en el contrato original.
Con la reforma a la fracción IV del artículo 17.43 del Código Administrativo del Estado de México, se busca dar marcha atrás a la conocida como Ley OHL que fue promovida por el entonces gobernador Eruviel Ávila en 2015.
De esta manera, las autopistas quedarán bajo la rectoría del Estado inmediatamente después de que los concesionarios actuales recuperen la inversión y el rendimiento pactado en el título correspondiente, sin costo y libres de gravamen.
Aquella reforma, facultaba a la Secretaría de Comunicaciones estatal para determinar si el concesionario, una vez recuperada su inversión y la tasa de retorno, continuaba o no con la titularidad de la concesión hasta el plazo convenido en el título de concesión, siempre y cuando se acordara una nueva contraprestación para el Estado que significara mayores ingresos y que justificara el beneficio en condiciones de mercado frente a otras posibles propuestas.
Para renunciar a la rectoría del Estado, Ávila Villegas justificó que la operación, administración, supervisión y mantenimiento de las vialidades concesionadas implicaba una carga que suponía recursos humanos, materiales y financieros.
No obstante, el diputado morenista Faustino de la Cruz, autor de la nueva modificación, consideró aquel argumento como una falsa premisa, pues desde su punto de vista la reforma de 2015 solo benefició a la empresa OHL México, S.A.B. de C.V. (ahora Aleática, S.A.B. de C.V.) y a su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. en el sistema carretero Circuito Exterior Mexiquense.