La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia de su homólogo del Estado de México (TEEM) que avala la destitución de Cristian Campuzano como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, con lo que queda sin sustento la designación de Agustín Barrera en ese cargo.
Por unanimidad de votos, los magistrados consideraron el Consejo Estatal del sol azteca carece de facultades para determinar la remoción y/o destitución de Campuzano Martínez y reconocer a Barrera Soriano.
“El Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal intrapartidista carecía de competencia para remover al referido dirigente, dado que conforme a la normativa interna del instituto político, tal facultad corresponde al Órgano de Justicia Intrapartidaria”, plantea el fallo.
En consecuencia, la Sala Regional decidió, por unanimidad, revocar la sentencia impugnada y los actos intrapartidarios de la destitución; con ello, reconoce a Cristian Campuzano como dirigente estatal y desconoce la designación de Agustín Barrera.
El pasado 8 de agosto, el Consejo Estatal determinó destituir a Cristian Campuzano por presuntas irregularidades financieras e incumplimiento de sus obligaciones como dirigente, aunque en el fondo la determinación es parte de la guerra de “tribus” que de manera histórica ocurre al seno del sol azteca.
Campuzano Martínez era considerado integrante de Vanguardia Progresista, la expresión fundada por Omar Ortega, el coordinador parlamentario y uno de los aspirantes a la candidatura del PRD a la gubernatura; no obstante, se presentó una ruptura y el dirigente migró a Nueva Izquierda (NI), la corriente liderada por “Los Chuchos”.
Jesús Zambrano, el actual dirigente nacional del partido y una de las cabezas más visibles de NI, sin embargo, reconoció públicamente hace unas semanas a Agustín Barrera como el líder estatal, y ha otorgado todo su respaldo a su propuesta de obligar, mediante una reforma a la Constitución local, los gobiernos de coalición, como condicionante para suscribir alianza electoral con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) por el gobierno del Estado de México.