El secretario de Movilidad estatal, Gilberto Limón, reconoció que el sistema de grúas y corralones de la entidad está plagado de corrupción y ya no se puede vivir así, por lo que es necesario crear el marco jurídico y la norma técnica que evite los abusos.
No obstante, destacó la necesidad de no ver en retrospectiva, sino de forma preventiva: “hay abusos en grúas, pero lo importante es buscar una solución; debe haber normatividad”, dijo.
Expuso que actualmente son cinco las concesiones para estos servicios y hay más de cien empresas solicitado una, pero se liberarán hasta que se apruebe la nueva norma. Para normar, indicó, “también es necesario escuchar a los empresarios”.
Justificó que es imposible atender una a una las quejas y denuncias esgrimidas contra los prestadores de servicio, pues se estima que diariamente se ejecutan mil maniobras.
Reconoció que, en algunos casos, estratégicamente los concesionarios llevan los vehículos de un corralón al otro sólo para incrementar los costos del arrastre, de tal manera que los montos para recuperarlo llegan a superar incluso el costo de la unidad.
Para evitar esos abusos, enlistó que la norma incluye el aumento de requisitos para otorgar permisos y concesiones, y la obligatoriedad de poner a la vista del público las tarifas por el servicio.
La nueva norma técnica para el servicio de arrastre, salvamento, resguardo y depósito de automotores también considera el uso de una aplicación digital a cargo de la dependencia para transparentar costos y evitar abusos y extorsiones de los operarios de grúas y corralones.
Además reglamenta las especificaciones de un corralón para que cumpla con determinada infraestructura, que se ubique donde el concesionario solicite la concesión, que cuenten con videocámaras para evitar daños a automotores y usuarios y con tabuladores de sus servicios y costos a la vista de todas y de todos.
De igual manera, los concesionarios de corralones y grúas deben contar con seguros para cubrir los daños en que incurran, las grúas no deben tener una antigüedad mayor a diez años y la aplicación emitará recibos que no podrán pagarse en efectivo, sino en bancos y tiendas de conveniencia por medio de terminales.
El proyecto, construido en colaboración entre el Ejecutivo y Legislativo, fue esbozado ante diputados de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Finanzas Públicas, como complemento a las iniciativas promovidas por Morena y el Partido del Trabajo (PT) para regular el servicio de grúas, por lo que el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Nazario Gutiérrez, urgió su aprobación.
Durante la reunión, los diputados priista Jaime Cervantes, petistas Silvia Barberena y Trinidad Franco, pevemista María Luisa Mendoza, y morenistas Yésica Rojas y Carmen de la Rosa coincidieron en que los grulleros cobran mil pesos por arrastre y hasta diez mil por liberar un vehículo.
Consultaron si no se considera una empresa estatal para estos servicios y pidieron que se pueda evaluar la operación y cumplimiento de la aplicación y, en general, de la norma planteada, antes de que se avale.