El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) de pretender revictimizar a los familiares de Fátima -quien tenía 12 años de edad cuando fue víctima de feminicidio, abuso sexual y tortura-, al ordenar que se repita el desahogo de todas las pruebas en la etapa de juicio oral.
La asociación civil calificó como desproporcional el mandato de reposición total con el único propósito de desahogar una sola probanza, pues la familia de la menor ya ha pasado por mucho dolor y estrés.
"A lo largo de casi cinco años, la familia de Fátima -asesinada el 5 de febrero de 2015- ha buscado justicia para su hija. Durante el proceso penal, sus familiares han tenido que soportar la presentación y el desahogo de las pruebas en juicio, donde tuvieron que escuchar de manera directa la narración del levantamiento del cuerpo de su hija, las lesiones que sufrió y le causaron su muerte, la declaración de diversas testimoniales y peritajes, todo lo cual además de generarles un profundo dolor, causó estrés y consecuencias postraumáticas", advirtió el Observatorio.
El análisis de la prueba bajo estándares de debida diligencia y perspectiva de género, fue ordenado por la justicia federal, después de que la familia de Fátima ganó el amparo directo 200/2017, promovido porque uno de los probables feminicidas fue liberado.
"Durante 2019, la familia de Fátima tuvo que confrontar nueve meses más de audiencias y diligencias logrando una resolución favorable que excluía dicha probanza de la etapa de oralidad del proceso", refirió el OCNF.
Ahora, indicó, el Poder Judicial mexiquense pretende que la familia reviva esa situación, por lo que promovió un amparo que será resuelto este lunes 20 por el Segundo Juzgado de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, en busca de que no se vuelvan a desahogar todas las pruebas.
El OCNF además pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en caso de ser necesario, "atraiga el presente asunto, a efecto de poder generar un estándar que permita a las víctimas indirectas de feminicidio y violaciones graves de derechos humanos, evitar la revictimización y el sufrimiento que les implica revivir el desahogo de pruebas por más de una ocasión, y determine formas menos lesivas en aquellos casos donde se reponen los procedimientos y procesos".
La revictimización, refirieron los activistas, es contraria a la Ley General de Víctimas y a los estándares internacionales sobre debida diligencia, perspectiva de género y protección judicial.