La diputada morenista Susana Estrada presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el objetivo de que el Instituto de la Defensoría Pública actualice y agilice las medidas administrativas de protección en favor de mujeres víctimas de violencia, garantizando su atención sin demora.
La propuesta destaca que en 2021, ocho de cada diez mujeres de 15 años o más en el Estado de México sufrieron algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de su vida, mientras que casi cinco de cada diez la experimentaron en el último año.
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Ante este panorama, la legisladora plantea que el Instituto de la Defensoría Pública tenga la facultad y obligación de brindar orientación, asesoría y patrocinio legal a las víctimas, sin necesidad de intermediarios. Asimismo, deberá actualizar las medidas de sanción contra los agresores y eliminar obstáculos administrativos para promover, de oficio o a petición de parte, el otorgamiento inmediato de órdenes de protección, ya sean administrativas o jurisdiccionales.
Estrada también subrayó la importancia de que este organismo implemente acciones permanentes e itinerantes para detectar y prevenir la violencia contra las mujeres, además de fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales en el combate a este problema.
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Actualmente, explicó, la Defensoría Pública no tiene una obligación explícita en esta materia, lo que la aleja de su papel como aliada en la protección de las mujeres. Además, no forma parte del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ni del mecanismo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo que limita su capacidad de acción.
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Por ello, la iniciativa también busca que el Instituto sea integrado a este sistema para fortalecer su participación en la lucha contra la violencia de género.
La propuesta fue turnada a comisiones unidas para su análisis y dictamen.