A través de la denominada Ley “Mariana Lima Buendía”, activistas y diputados locales propusieron reformar el Código Penal del Estado de México para que toda muerte violenta de mujer sea investigada con perspectiva de género y se sancione a servidores públicos omisos en su investigación.
El planteamiento de reforma original fue promovido el pasado 8 de octubre por la activista Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, con base en los parámetros establecidos en la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 25 de marzo de 2015 que ordenó investigar la muerte de la joven con perspectiva de género.
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Después, las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia y al Código Penal, todos del Estado de México, fueron enriquecidas durante varias reuniones de trabajo.
La diputada Yesica Rojas recordó que la sentencia de la SCJN permitió, por primera vez en la historia de la justicia mexicana, que un caso jurídicamente archivado y resuelto como “suicidio” se reabriera con el fin de que fuera analizado con perspectiva de género; esto permitió acreditar que el supuesto “suicidio” de Mariana Lima en realidad había sido un “feminicidio”, abriendo con ello la posibilidad del acceso a la verdad, la justicia y las reparaciones para la víctima y sus familiares.
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El fallo, refirió, además tiene tres efectos aplicables no sólo al caso de Mariana, sino a todos los casos de muertes violentas de mujeres ocurridos en el país, comenzando por la obligación de investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluidos los suicidios y accidentes.
También dispone que se debe sancionar a los servidores públicos corruptos que incurren en omisiones o negligencias que obstruyen la investigación y la impartición de justicia, obliga la reparación del daño realizado por las autoridades e impulsa un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas, específicas, para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia.
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En conclusión, la iniciativa tiene como propósito que los tres efectos de la sentencia de la SCJN se “conviertan en Ley” para obligar a las autoridades a investigar los casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y con ello superar la impunidad en la que se encuentran la mayoría de los casos de feminicidio en el Estado de México y el alarmante incremento de muertes violentas de mujeres, de los cuales, en promedio, según las propias fuentes oficiales, sólo el 20% son investigados como feminicidios.