Debido a que el Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor número de feminicidios, integrantes del colectivo Las Constituyentes Feministas MX propuso al Parlamento Abierto que se realiza para la reforma integral a la Constitución local, que los 125 municipios de la entidad, y no sólo 11, sean declarados con Alerta por Violencia de Género.
También propusieron la creación de políticas públicas para la solución de dicha problemática y que esto sea una obligatoriedad para autoridades estatales y para los ayuntamientos.
Estas propuestas fueron promovidas ante la Comisión de Igualdad Sustantiva, Diversidad y Política de Género del Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal de la entidad (Sectec), con el consenso de los parlamentarios participantes, pues de enero a junio de este año el Estado de México, otra vez, ocupó el primer lugar nacional en feminicidios y delitos contra mujeres, como secuestro, extorsión, trata de personas, violencia de género y violación.
La iniciativa de reforma constitucional, expuesta por Fabiola Azucena Gutiérrez Guzmán, también propone sancionar la trata y explotación de personas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los crímenes de odio, los feminicidios, transfeminicidios, bifeminicidios, lesbofeminicidios, la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De igual manera, pide la creación del Sistema Integral para la Prevención, Detección, Atención, Sanción y Erradicación de todo tipo de Violencias hacia las Mujeres y Niñas; que se reconozca constitucionalmente la contribución de las mujeres al desarrollo estatal y que las autoridades adopten las medidas necesarias para erradicar la desigualdad de género y la discriminación.
En su turno, la parlamentaria Lucía García Fierros destacó la necesidad de implementar acciones ante el hecho de que, en 2020, los feminicidios se incrementaron 18.6% en la entidad y, de los 100 municipios con mayor violencia feminicida, 21 son mexiquenses.
Los parlamentarios también respaldaron otra propuesta del colectivo feminista, presentada por Lucía García, para que las autoridades prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos, y ayuden a las víctimas cuando se trate de asuntos que no se hayan atendido mediante el protocolo de perspectiva de género.
De igual manera, se pretende que el Congreso local destine partidas presupuestales anuales que hagan efectiva su aplicación, a través de un fondo administrado por los entes públicos responsables, del que se designe un porcentaje para la capacitación del personal de los órganos jurisdiccionales, a fin de eficientizar la integración de los asuntos que tengan que ser abordados con perspectiva de género.
Otras propuestas que recibieron el respaldo del Parlamento Abierto fueron la redefinición de los requisitos de quienes dirigen las unidades de género, y la obligatoriedad para generar políticas públicas para la erradicación de la violencia de género.
Aunque a través de varias iniciativas algunas organizaciones propusieron elevar a rango constitucional la figura de la familia basada en la unión entre un hombre y una mujer, estas obtuvieron mayor número de disensos, al considerar que el planteamiento es excluyente, pues esta figura ha evolucionado y se encuentra en cambio constante, lo que además se opondría a la posibilidad de que se reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo.