El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso sancionar las terapias de conversión sexual en el Estado de México con penas que irían de uno a seis años de prisión o de 25 a 200 días de trabajo en favor de la comunidad, y de 50 a 400 días multa.
La diputada Beatriz García, autora de la iniciativa que pretende reformar el Código Penal estatal, arguyó en la exposición de motivos que la orientación sexual de una persona es independiente del sexo que le asignaron al nacer y de su identidad de género.
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La Corte Interamericana de Derechos, recordó, ha establecido que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le den sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. Por esta razón, plantea que deben prohibirse y sancionarse los tratamientos psicológicos o religiosos que buscan corregir o revertir la orientación sexual o identidad de género de las personas, ya que estas prácticas incluyen golpes, medicación, abstinencia sexual, privación ilegal de la libertad, electrochoques, sesiones de terapias psicológicas, la negación de alimentos, amenazas, castigos físicos, abuso emocional y psicológico, hasta violaciones multitudinarias correctivas.
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“En su mayoría, dichas prácticas provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, y los resultados que arrojan están colmados de prejuicios sociales, porque quienes las ofrecen no son clínicas especializadas, sino cursos o talleres manejados en la informalidad, violentando la libre determinación de las personas”, sostuvo.
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Concretamente, las modificaciones pretenden sancionar con de uno a tres años de prisión, o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y de 50 hasta 200 días multa al quien promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier otro tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género.
Además, la pena se incrementaría al doble (hasta seis años de prisión, 200 días de trabajo comunitario y 400 días multa) cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, sujetos privados de libertad o personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y la de Procuración y Administración de Justicia.