El grupo parlamentario de Morena propuso reformar el artículo cuarto de la Ley de Amnistía del Estado de México para que puedan ser sujetos del beneficio quienes hayan incurrido en robo con violencia cuando las supuestas víctimas no acrediten la existencia de una arma de fuego, ni la pongan a disposición de la autoridad correspondiente, debido a que el mayor porcentaje de procesados y sentenciados en los penales mexiquenses son acusados por este delito.
El diputado Enrique Sepúlveda recordó que esta norma se creó con la finalidad de subsanar las deficiencias e injusticias presentes en algunos casos, por lo que es importante tomar en consideración que los límites bajo los cuales se restringen los casos para el acceso a la misma deben flexibilizarse o al menos se debe garantizar que ante determinadas circunstancias se acredite plenamente el supuesto que impide o impediría el acogimiento al beneficio de la libertad que otorga la ley.
Por otro lado, el artículo aludido establece los supuestos en que se otorga la amnistía y, en particular, en la fracción IV, inciso A, contempla el delito de robo simple y sin violencia, cuando el monto de lo robado no exceda 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, previa reparación del daño a víctimas u ofendidos; el inciso B incluye el robo con violencia, siempre y cuando se trate de un delincuente primario, que no cause lesiones o la muerte a la o las víctimas, no utilice armas de fuego en su ejecución y cuando el monto de lo robado no exceda 90 veces el valor diario de la UMA vigente.
Desde el punto de vista del legislador, sin embargo, esta redacción trajo como consecuencia que se incumpla con el objetivo para el cual fue creada a la ley, es decir, despresurizar las prisiones (que a nivel estatal tienen capacidad para 13 mil internos, pero albergan más de 30 mil), porque basta con el simple señalamiento de una persona sobre la existencia de un arma de fuego para que se impida la libertad a través de la Ley de Amnistía.
“Basta con el simple señalamiento de que al ofendido le pareció ver o vio un arma de fuego, pero que nunca fue encontrada y por ende no fue puesta a disposición de la autoridad. Supuestos que generan centros penitenciarios sobresaturados, principalmente por la comisión de este delito, en muchas ocasiones por cantidades o montos mínimos como cien pesos, un celular de valor menor o un objeto de costo de igual o menor valor”, indicó.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), expuso el legislador, contempla el robo con violencia como el delito con mayor índice de reporte, y en muchos casos no se presenta el arma de fuego con que presuntamente se cometió.
Por tanto, a partir de dicha modificación deben presentarse durante el proceso pruebas plenas, no sólo mencionarse la presencia de un arma, sino acreditar su existencia mediante la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.
La iniciativa fue remitida a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen posterior.