El grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense propuso modificar la Constitución local y crear la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios para poner límite a los ingresos y que nadie perciba mayores ingresos que el del Presidente de la República, pues hay funcionarios que tienen ingresos cercanos a los 200 mil pesos mensuales.
Al presentar ante el pleno la iniciativa también elaborada por sus compañeros Azucena Cisneros, Elba Aldana, Luz María Hernández, Faustino de la Cruz y Camilo Murillo, el diputado Daniel Sibaja recordó que está vigente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que regula las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades, dependencias, paraestatales, fideicomisos, instituciones, organismos autónomos, empresas productivas y cualquier otro ente público federal.
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En contraste, apuntó que “en el Estado de México aún falta mucho por hacer, porque históricamente, en los gobiernos estatal y municipales han existido casos de personas que, al amparo de los recursos públicos, han construido fortunas. Se ha entendido al servicio público como una fuente de enriquecimiento”.
Manifestó que en la entidad aún existen servidores públicos que rebasan el límite de percepciones establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), como en el Poder Judicial donde el presidente tiene un ingreso neto mensual de 194 mil 419 pesos, y los magistrados de sala, perciben 135 mil 126 pesos mensuales.
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“Esto no es una medida populista ni mucho menos partidista, es un tema de justicia, porque la cuchara grande con la que se sirven algunos ya no va a ser a costa del pueblo, se terminaron los tiempos en que ser servidor público significaba un cheque en blanco para cobrarse con sueldos vulgares”, indicó desde la tribuna.
La propuesta de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios también establece que toda información relativa a las remuneraciones y tabuladores de sueldos son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial.
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Los servidores públicos además deberán especificar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie, y publicar en las páginas de internet las remuneraciones y sus tabuladores de sueldos en términos de la transparencia proactiva.
De igual manera, plantea que serán nulas de pleno derecho las jubilaciones o pensiones, en términos de las disposiciones aplicables, los haberes de retiro o pagos de semejante naturaleza que se encontraran en curso de pago, por servicios prestados en el desempeño de la función pública sin que éstas se encuentren concedidas o asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas para su análisis, dictamen y posterior análisis y votación en el pleno.