A pesar de las declaratorias de alerta por violencia de género, este fenómeno no ha disminuido, pues 75% de las mujeres en 2016 había sufrido algún tipo de violencia en el Estado de México, y para 2021 ya era 78%, destacó Ana Yurixi Leyva, presidenta de la Comisión para el Seguimiento de las Alertas por Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición en el Congreso mexiquense.
“En el 2016, según la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 75% de las mujeres en el Estado de México habían sufrido algún tipo de violencia, mientras que a nivel nacional la cifra era sólo del 66%. Para 2021, los datos no mejoraron, ya que la prevalencia de la violencia en el estado ascendió a 78%, frente a 70% en el ámbito nacional”, expuso.
Desde la primera declaratoria de alerta por feminicidios en la entidad a la fecha, señaló, los resultados no son suficientes ni satisfactorios. Las cifras, destacó, no sólo revelan un incremento en la violencia contra las mujeres mexiquenses, sino además que son ellas las más expuestas, en comparación con las de las otras regiones del país.
“En casi 10 años, desde la primera alerta por violencia de género, sigue siendo una amenaza constante en nuestra sociedad... Las cifras nos hablan de una realidad que no podemos ni debemos ignorar”, expuso.
Por eso, indicó, “hoy el reto es entregar resultados tangibles y concretos”, y presidir la Comisión de Seguimiento a las Alertas “es un gran compromiso con la sociedad mexiquense y, en particular, con las mujeres, con las víctimas de violencia y las familias de los desaparecidos”.
El propósito claro y urgente de esta Comisión, destacó, es enfrentar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género, a través de la constante mejora de la legislación estatal en materia de violencia de género.
Para que así ocurra, consideró necesario que las integrantes de la comisión trabajen juntas,
“sin distinción de colores partidarios”, en favor de las mismas causas sociales y los mismos anhelos de tener una vida libre de violencia.
La petista precisó que una de las principales bases de la comisión será la voz de las colectivas, quienes en su carácter de víctimas se han visto obligadas a convertirse en especialistas en derecho y conocen mejor que nadie los defectos y requerimientos jurídicos.
“Abramos un diálogo franco y constructivo con todas las dependencias de Gobierno del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, pero, sobre todo, con las familias de las víctimas, porque si bien es cierto ha habido avances en materia legislativa, programas de atención y capacitación de personal, estos esfuerzos no han sido suficientes para revertir la tendencia”, señaló.
Lograr resultados precisos, consideró, necesitará evaluar acciones, reestructurar políticas públicas, reasignar recursos económicos, técnicos y humanos, y plantear soluciones que funcionen.
“Me comprometo a ser una aliada incansable de las mujeres, víctimas, de sus familias y de todas las mujeres que luchan día con día por su seguridad y su libertad. No podemos permitir que la violencia, la desaparición y el feminicidio se conviertan en una realidad normalizada”, abundó.