La diputada Juana Bonilla destacó la necesidad de convencer a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local sobre la importancia de aprobar los matrimonios igualitarios, pues las dos iniciativas que se presentaron en meses pasados no forman parte de la agenda prioritaria, porque nadie quiere asumir los costos políticos.
En el marco del Foro “Matrimonio Igualitario: La exclusión implícita en el Estado de México”, la legisladora reconoció que la iniciativa no se encuentra entre las prioridades de la Jucopo para el segundo periodo ordinario de sesiones.
“De enero a mayo (de 2022) no está contemplado en el semáforo legislativo de la Jucopo, no es de interés de los coordinadores… La lucha ha sido permanente, pero ha habido oídos sordos porque nadie quiere asumir los costos políticos”, alertó.
Por esta razón, destacó la necesidad de que la lucha se realice al interior de la Cámara de Diputados.
“Las fracciones parlamentarias tenemos que ponernos de acuerdo, independientemente del costo político que la reforma tenga”, indicó.
Por esta razón, destacó la necesidad de que la sociedad civil, los colectivos interesados y los diputados en favor de la reforma suscriban la exigencia dirigida a la Jucopo.
Por su parte, la perredista Elida Castelán urgió a establecer una fecha para dictaminar el tema; una de las iniciativas, recordó, fue presentada en octubre pasado por su bancada.
“No se trata de partidos, colores ni méritos, sino de que cada uno cumpla con su responsabilidad. ¡No es posible que en el Estado de México se deba amparar a quien desee casarse!
“Que la entidad sea punta de lanza en muchas materias, pero en el asunto que nos ocupa esté desfasado. Estamos en disposición para que la iniciativa sea aprobada lo más pronto posible”, indicó.
El Foro fue organizado por la diputada priista Paola Jiménez, quien recordó que San Agustín de Hipona reconocía al matrimonio como la institución base de la vida social, por lo que la naturaleza del hombre, más que ser político, es ser familiar, lo que tiene mayor peso y es más necesario.
Los fines, derechos y obligaciones de la familia, prosiguió, se encuentran establecidos por la ley natural; el derecho a la familia, indicó, es anterior al Estado y, por tanto, es más inviolable y debe ser garantizado y tutelado por el Estado.
Negar el derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo, alertó, es una violación a 19 derechos humanos y civiles, entre ellos en materia de beneficios fiscales, protección económica, patrimonio compartido, acceso a créditos, hijos dependientes, acreditación de vínculos conyugales; autorización de tratamientos, intervenciones o terapias médicas; derecho a la adopción, divorcio, custodia o manutención de los hijos.
Al día de hoy, recordó, esta figura se reconoce ya en 26 de las 32 entidades de la República, y sólo seis, incluido el Estado de México, siguen omisos.
Desde que entró en vigor, aclaró, este tipo de uniones no despuntaron ni eclipsaron a los matrimonios tradicionales.
De 2010 a 2018, expuso, se han casado 15 mil 544 homoparejas, frente a 5 millones de casamientos heterosexuales, y mientras estos últimos se casan mayormente en edades que van de los 20 a los 29 años, los homosexuales lo hacen entre los 25 y 39 años, lo que lleva a que 53% estén formados por personas profesionistas contra 21% en el caso de los heterosexuales.
El empoderamiento homosexual, consideró, es motivado por la necesidad de remontar la discriminación.
La negativa de la Legislatura local para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que es inconstitucional establecer que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, además de repercutir en materia social puede desembocar en una sanción por desacato.
Finalmente, ofreció apertura e intención de su bancada para evitar que en este tema los prejuicios se impongan.