La asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios del sistema penitenciario del Estado de México, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, como actos de tortura, crueles e inhumanos.
Así como detenciones arbitrarias, fabricación de carpetas y violaciones a los derechos humanos de 14 mil inocentes recluidos en los penales mexiquenses.
“Venimos a denunciar las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen día a día en los penales del Estado de México, en donde los internos son sometidos frecuentemente a torturas, tratos crueles e inhumanos, utilizando los módulos de conductas especiales, que no son otra cosa que módulos de castigo –como La Roca en Otumba, El Cubo en Chiconautla, El Bunker en Barrientos, La Fortaleza en Texcoco, El Volcán en Chalco, entre otros-, para consumar estos delitos de lesa humanidad, que han llevado en los últimos años a que mediante estas prácticas diversos custodios asesinen a personas privadas de la libertad (PPL)”, señaló José Humbertus Pérez Espinoza fundador de dicha asociación civil.
Debido a que la estructura de corrupción en el Sistema Penitenciario del Estado de México es piramidal, para la organización los primeros responsables de estas conductas son el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis; el subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, y el director de Penales, Jaime Echartea Mojica, quienes, consideró el activista, en los últimos tres años han aumentado la corrupción, violencia e inseguridad en las cárceles estatales, con lo que se incumple el séptimo indicador para medir el sistema de justicia penal acusatorio en materia de cárcel digna y segura.
Además, Pérez Espinoza señaló como corresponsables a los directores Bertín Arellano Gómez del penal de Chiconautla; Dalmasio Becerril Tapia del de Chalco, Verónica Jiménez Moreno del Neza Bordo, Norma Denisse Rodríguez Pérez, de Barrientos; Julio César Partida Cigala del penal de Santiaguito; Merli Ingri Cuellar Romero de Tenancingo sur, y Paula Gabriel Valdez Herrera, del penal de Cuautitlán.
Pérez Espinoza aprovechó para indicar que el fiscal mexiquense, Alejandro Gómez, a quien también consideran responsable de estas anomalías, no ha querido atender la sentencia del amparo colectivo indirecto 1595/2016-III que otorgó el juez décimo tercero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, en favor de 409 mujeres y hombres que fueron víctimas de tortura en el penal de Chiconautla.
“Tratándose de actos de carácter positivo, producen el efecto de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de restituir a la parte quejosa el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardan antes de la violación”, dijo.
El juez, prosiguió, también ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos que en un plazo de 15 días ratifique la denuncia y que en un plazo de 60 días realice los exámenes periciales en materia de psicología y medicina legal conforme al protocolo de Estambul, para establecer si existen signos o evidencias de tortura física o psicológica en el caso de los denunciantes.
“Han pasado más de cuatro años y el fiscal mexiquense demuestra un desprecio por la cultura de los derechos humanos y el combate a los delitos de lesa humanidad como la tortura, y por las denuncias de corrupción, tortura y asesinato que se han venido cometiendo en los centros penitenciarios del Estado de México”, señaló el activista.
Por esta razón, además a través de una manifestación a las afueras de Palacio Nacional, los integrantes de Presunción de Inocencia comunicaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal Alejandro Gertz Manero la necesidad de que la FGR atraiga los casos de falsos culpables del Estado de México, aunque sean procesados o hayan sido sentenciados por fuero común, como lo establece el artículo 5, párrafo segundo y tercero de la Ley de la Fiscalía General de la República.
De igual manera, demandaron investigar el homicidio de Guillermo “N”, “brutalmente torturado por el comandante Daniel Camacho Liborio, mejor conocido como ´el Acapulco´, quien después de haber cometido este delito de acción fue protegido por el director del penal de Otumba, Francisco Javier San Martín Flores, mientras la Fiscalía de Justicia del Estado de México ni siquiera ha abierto una línea de investigación, las autoridades penitenciarias señalaron que fue un suicidio, y los familiares advierten que fue torturado y asesinado”, expuso el activista.