Desde este fin de semana, los ex gobernadores Enrique Peña, Eruviel Ávila, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo y Alfredo Baranda dejaron de tener a su disposición, cada uno, tres guardaespaldas, chofer, secretaria y un jefe de ayudantes con cargo al erario, con lo que se estiman ahorros superiores a los 4 millones de pesos anuales.
El gasto en estos privilegios era sustantivo, en virtud de que el personal asignado tenía percepciones de la más alta jerarquía en el servicio público: un jefe de ayudantes con categoría de Subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno; un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; y una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del Gobierno del Estatal.
A partir de su promulgación en Gaceta de Gobierno el viernes pasado, entró en vigor el decreto 41 que abroga el 87 de la 36 Legislatura -publicado el 18 de julio de 1945- y dejó sin efectos el decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta 86, “así como cualquier acto o disposición que se oponga”.
La desaparición de estos privilegios fue promovida por el grupo parlamentario de Morena, a propuesta de la diputada Azucena Cisneros, y avalada por el pleno cameral el 5 de marzo pasado.
El decreto 87 establecía que los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarían al concluir su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
Aunque esta disposición impedía “que durante el ejercicio de su cargo los gobernadores fuesen objeto de honores consistentes en condecoraciones”, denominar con su nombre alguna institución, calle o cualquier centro del servicio público durante el tiempo de su actuación, “el propio decreto derivó en que se normalizará la existencia de apoyos en favor de exgobernadores”, consideraron los diputados de la actual Legislatura.
En tanto, el decreto 86 determinaba que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán, al concluir su gestión, la adscripción del personal referido.
El nuevo dictamen avalado por la LX Legislatura local justifica la necesidad de desaparecer estos apoyos, en apego a la austeridad y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, y a la necesidad de evitar tratamientos preferentes en materia de seguridad a cualquier persona.
Sobre todo porque los gobernadores, “al concluir su encargo, dejan de ejercer las funciones que la Ley les confiere de manera temporal, por lo que la adscripción de personal policial con el objeto de velar por su seguridad rebasa la temporalidad de su función”.
“Coincidimos en la importancia de cuidar el destino del erario del Estado y favorecer el estricto cumplimiento de las tareas de servicio público que corresponden al personal que, en su oportunidad, ha sido adscrito a esa tarea”, refiere el dictamen.
“Estamos ciertos de la importancia de garantizar condiciones de igualdad en la seguridad de los servidores públicos y ex servidores públicos, ante los requerimientos de cualquier persona, y que este servicio público se apegue a los principios de igualdad, transparencia y austeridad”, aseguran los legisladores en el nuevo dictamen aprobado por unanimidad.