Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura local, llamó a las autoridades electorales a investigar si se configuran o no actos anticipados de campaña con la colocación de espectaculares con la imagen de algunos actores políticos como el panista Enrique Vargas o el pevemista Alberto Couttolenc.
También demandó que los órganos comiciales vigilen la actuación del Gobierno estatal y sus dependencias en el actual periodo de veda con motivo de la consulta de revocación de mandato, pues existen señalamientos sobre la entrega de dádivas diversas a los habitantes en varios municipios.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena dio por hecho que tanto el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) como el líder estatal del Partido Verde (PVEM) incurren en actos anticipados de campaña al promocionarse en territorio mexiquense a través de espectaculares.
Por esta razón, dijo que los órganos electorales estatal y federal están obligados a emprender una indagatoria de oficio o a petición de algún otro actor político que se sienta afectado por dicha acción y/o conducta, en el entendido que se estaría vulnerando lo que coloquialmente se conoce como “piso parejo”, de cara al proceso electoral de gobernador que se verificará en 2023.
Recordó que Morena ya interpuso varios recursos de queja ante las áreas electorales competentes, por lo que confió en que a la brevedad éstos expedientes registren avances y se resuelvan.
Hernández González precisó que los recursos de queja no sólo pueden ser interpuestos por los actores políticos que se sientan afectados por alguna conducta recurrente que se configura como acto anticipado de campaña, sino también por cualquier ciudadano que considere que hay una violación a la ley electoral.
Además indicó que los órganos electorales, tanto estatales como federales, están obligados a garantizar que la ley se cumpla en el Estado de México, pues pese a que hay veda electoral por el proceso de revocación de mandato que está en curso, diversas áreas del Poder Ejecutivo continúan entregando materiales de construcción y todo tipo de artículos, violando el orden jurídico en la materia.