Con 55 consensos, 42 disensos y 7 abstenciones se pronunciaron los ciudadanos que participan en el Parlamento Abierto, que se realiza para reformar la Constitución local, desde la Comisión de Igualdad Sustancial, Diversidad y Política de Género, en favor de la rectificación de actas de nacimiento por razones de identidad de género, sin que sea requisito acreditar intervención quirúrgica, terapias u otro procedimiento.
Estas dos propuestas fueron presentadas por los activistas Tanya Vázquez y Leonardo Espinoza para facilitar el reconocimiento jurídico de las personas transexuales.
Durante la discusión, el parlamentario Misael Romero consideró que la iniciativa promueve el sexo desmedido y la sumisión a un nuevo sistema de control sexual (sic).
Ángeles Bravo, presidenta del Frente Nacional por la Familia en la entidad, dijo que la reforma facilitará a hombres que se hagan pasar como transexuales o incluso a hombres transexuales abusar de niñas, niños y mujeres, y que los hombres quitarán a las mujeres espacios políticos que actualmente les deben ser asignados por paridad.
Vianey Fragoso acusó que este tipo de prácticas milenarias (la transexualidad) incluso destruyeron a las culturas griega y romana; acusó que la iniciativa es promovida por grupos de poder financiados, pues en la comisión incluso hay hijos de integrantes de la Comisión de Finanzas, y aseguró que el transexualismo es una industria, mientras Patricia Cortés consideró que se quiere resolver un problema asocial con otro mayor, pues la reforma dejaría en desventaja a las mujeres biológicas.
Los argumentos en contra también enfatizaron que sólo existen dos sexos: masculino y femenino, lo otro, indicaron, es ideología; que el sexo no se elige ni se asigna, se nace con él; dijeron que no se puede obligar a los demás a percibirnos como nosotros nos percibimos; acusaron que la rectificación de actas violenta los derechos de las mujeres, quienes perderán lugares que por género de nacimiento le pertenece, por ejemplo, en el terreno deportivo, por lo que las feministas no deberían estar en favor de que los hombres (trans) ocupen sus lugares.
También manifestaron su preocupación porque a los sanitarios públicos de mujeres podrán ingresar hombres transexuales, lo que pone en riesgo la seguridad femenina, y aclararon que 50% de los crímenes contra personas LGBTTTI son cometidos por su propia comunidad, por lo que esta reforma no es la vía para disminuir este tipo de agresiones.
En contraste, Betsy Rosales consideró que la modificación beneficiará a las mujeres transexuales recluidas en los penales varoniles que son violadas.
Irvin Tobón acusó que las posiciones en contra se basan en comentarios retrógradas y prejuicios; Sharon Hernández apeló a que se otorguen los mismos derechos a la comunidad trans, pues más de la mitad no terminó la primaria o sus integrantes son asesinadas sin que los casos se resuelvan, sufren discriminación, exclusión y falta de acceso a la justicia por falta de claridad jurídica en su identidad.
Jorge Leonardo Espinoza destacó que 14 Códigos Civiles del país ya reconocen la identidad de género; indicó que existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el sentido de que los estados deben garantizar la rectificación de género; aclaró que con la reforma el acta primigenia quedaría bajo resguardo para evitar su mal uso.
Precisó que la identidad de género es propia de todas las especies, y apeló a que no existan prejuicios, estigmas o discriminación en contra de la comunidad ni a la hora de tomar decisiones.
Mariana Jiménez advirtió que no encuentra cómo se acusa que la iniciativa promoverá el sexo desmedido; se trata, especificó, de acceso a la justicia, pues también existe la rectificación para las personas heterosexuales.
Gerardo Terrón consideró que no existen motivos para entorpecer la realidad y la ley. Ricardo Coyotzi planteó que la modificación otorga protección jurídica basada en el principio propersona; recordó que la identidad de género ya es una categoría protegida por la ley; que la transexualidad no es una enfermedad ni un sentimiento.
Patricia Mireles recordó que en 2011 hubo una reforma constitucional por el derecho a la igualdad y no discriminación, además tutelado por los tratados internacionales firmados y ratificados por México; también, dijo, hay jurisprudencia de la Corte en favor del derecho al libre desarrollo; se requiere, destacó, erradicar prejuicios, estigmas y juicios de valor, y dar sustento jurídico a la iniciativa.
Los parlamentarios, además, manifestaron mayoritariamente su consenso en favor de la propuesta de Nancy Zaira Aguilar para que la Constitución considere igualdad de condiciones para los hombres y las mujeres al momento de otorgar la patria potestad, pues hoy se da preferencia a las mujeres; lo anterior, con la finalidad de que los hijos no sean utilizados como instrumento de venganza, aprovechamiento económico y abusos entre los padres.
“Hay padres que quisieron ejercer su paternidad y por el sólo hecho de ser varones no se les permitió, y hay mujeres que no quieren ejercer su maternidad y la ley les obliga”, dijo.
En esta propuesta, algunos ciudadanos sugirieron establecer precisiones para evitar que hombres agresores que violentan a su familia puedan quedarse con la custodia de los menores.
Leonor Vega planteó reformas al Código Civil para que se obligue al cónyuge, concubino o pareja sentimental a garantizar alimento y atención médica a mujeres embarazadas, pero no obtuvo consenso porque muchos parlamentarios consideraron que se ponía un candado legislativo contra el aborto, y que no habría forma de probar la paternidad durante el embarazo.
Andrea Cruz propuso que los sitios abandonados que fueron utilizados como antros y bares, donde había trata de personas y abusos a mujeres, muchos cerrados desde 2012, sean recuperados como forma de resarcir el daño social y que sean intervenidos por los gobiernos municipales en coordinación con empresas y destinados a actividades educativas y culturales.
Sarahí Mora presentó una iniciativa para que los medios de comunicación manejen información con perspectiva de género para evitar estereotipos y roles, y se evite nombrar a mujeres solo por parentesco o relación con un hombre.
Por su parte, Fabiola Gutiérrez propuso la creación del Consejo de Evaluación y Avance de la Igualdad Sustantiva en el Estado de México, integrado por la sociedad civil, para vigilar y dar seguimiento sobre las medidas y acciones que ponga en marcha la Secretaría de la Mujer, y evaluar políticas públicas en la materia, sin embargo, hubo consideraciones sobre que la creación de un nuevo organismo sólo engrosaría la burocracia, pues ya existen dependencias encargadas de ello.