Durante 2019, el Gobierno del Estado de México generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 302 millones 092 mil 700 pesos en recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según se desprende del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública de ese año, por conceptos como pago de nómina a personal fallecido, dado de baja, con licencia, con funciones distintas a las autorizadas o por montos distintos al tabulador.
La Auditoría de Cumplimiento 2019-A-15000-19-0740-2020 740-DS-GF revela que la probable afectación equivale a 0.8% de la muestra auditada. Ese año, de este Fondo se asignaron a la entidad 39 mil 198 millones 838 mil pesos, y se auditaron 36 mil 507 millones 512 mil 700 pesos, por lo que la muestra tuvo una representatividad de 93.1%.
De la posible afectación, 28 millones 465 mil 600 pesos, más los intereses generados por 940 mil 100 pesos, fueron reintegrados por la entidad fiscalizada a la Tesorería de La Federación. En el transcurso de la revisión también se recuperaron recursos por 29 millones 405 mil 747 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.
El órgano auditor realizó 17 hallazgos al momento de revisar este fondo, en cinco no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del Informe; los dos restantes generaron igual número de recomendaciones.
La dependencia federal encontró que mediante las nóminas ordinarias estatales se realizaron pagos que no se ajustaron al tabulador autorizado por 232 millones 879 mil 500 pesos, pagos a 23 personas identificadas como decesos en el ejercicio fiscal 2019 por 439 mil 800 pesos y pagos después de la baja de cuatro trabajadores por 347 mil 900 pesos.
Por lo que se refiere a las nóminas ordinarias federales del fondo, se realizaron pagos a personal que no acreditó desempeñar funciones destinadas a educación básica y normal por 33 millones 911 mil 300 pesos, pagos a personas durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 266 mil 600 pesos, pagos a personas después de su baja por 18 millones 350 mil 300 pesos y pagos improcedentes a 88 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 por 2 millones 369 mil 600 pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.
Además, mediante las nóminas pagadas por la Secretaría de Educación Pública a nombre y cuenta del Gobierno del Estado de México, se realizaron pagos improcedentes por 13 millones 977 mil 600 pesos a trabajadores adscritos a un centro de trabajo que no acreditó haber realizado funciones destinadas a educación básica y normal, y 960 mil 300 pesos por concepto de pagos posteriores a la baja de la dependencia y a personal identificado como decesos en el ejercicio fiscal 2019, que fueron reintegrados por la entidad fiscalizada a la Tesorería de la Federación.
En la aplicación de los recursos del fondo, el estado presentó incumplimientos, ya que no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 2 millones 154 mil 400 pesos y no comprometió ni ejerció 11 millones 373 mil 300 pesos en rendimientos financieros generados con recursos del fondo al 31 de marzo de 2020.
El gobierno mexiquense además incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación recursos del fondo no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, por 7 millones 015 mil 500 pesos, y los rendimientos financieros por 30 millones 563 mil 300 pesos, de los que 11 millones 373 mil 300 pesos se reintegraron por intervención de la ASF.
De igual manera, se determinaron recursos aplicados en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo, en virtud de que no se presentó documentación comprobatoria del gasto por 2 millones 154 mil 400 pesos.