Una vez más, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reconocer los matrimonios y concubinatos igualitarios (entre personas del mismo sexo), y excluir del Código Civil del Estado de México cualquier término discriminatorio para que ambas figuras sean una realidad.
La propuesta de la diputada Beatriz García tiene por objetivo reconocer, garantizar y proteger el derecho humano a la formación e integración de una familia, con base en los principios de igualdad y no discriminación, dado que las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ enfrentan graves obstáculos para ejercer todo tipo de derechos, empezando por el de libre desarrollo de su personalidad, autodeterminación, proyección e identidad de género.
“Son víctimas de estereotipos o de perjuicios sociales, de exclusiones u omisiones normativas, prejuicios que provienen de la valoración positiva de la heterosexualidad y de la presunta congruencia entre la entidad de género y el sexo biológico; en consecuencia, de algunas características corpóreas que se consideran ´naturales´”, refirió.
García Villegas indicó que generalmente las normas excluyen a las personas con una orientación sexual o identidad de género distinta a aquellas a las que la sociedad ha impuesto como la "tradicional", producto del legado de severos estereotipos o prejuicios que han existido en su contra.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre agosto y octubre de 2017, indicó, concluyó que 72% y 66% de los encuestados estimó que los derechos de las personas transgénero y de los gays o lesbianas, respectivamente, se respetan poco o nada; 36% y 32% no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas transgénero ni a gays o lesbianas, respectivamente; 40% en el caso de mujeres y 46% de los hombres, respectivamente, estaría de acuerdo en que un hijo o una hija se casara con una persona del mismo sexo; y 64% consideró que poco o nada justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja.
Por tanto, consideró necesario armonizar la realidad social y las normas con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los derechos y obligaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ sean los mismos, evitando restricciones injustificadas basadas en prejuicios y estigmas que vulneran la dignidad humana.
De esta manera, el matrimonio será entendido como la unión civil entre dos personas que de manera libre y consensuada deciden compartir un estado de vida, bastará que hayan cumplido la mayoría de edad (18 años de edad), se eliminarían la impotencia incurable y las enfermedades crónicas e incurables como impedimento para contraerlo, y la bisexualidad como supuesto para la nulidad.
En tanto, el concubinato será entendido como la unión de dos personas que sin estar casadas pero sin impedimento para ello viven juntos haciendo vida en común durante un periodo mínimo de un año; este plazo se eliminará cuando haya hijos en común. Además, los concubinos tendrán derechos y obligaciones alimentarias, hereditarias y de protección contra la violencia familiar.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y dictamen.