Con la aprobación de la nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México por parte de la Legislatura local este martes, los tres poderes gubernamentales, organismos autónomos y ayuntamientos estarán obligados a contratar, progresivamente, a personas con discapacidad.
En caso de incumplimiento de esta disposición, o demás preceptos establecidos en la norma, los servidores públicos serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de la Administración Pública del Estado de México y Municipios.
Asimismo, la iniciativa, promovida por la diputada morenista Alicia Mercado, fomenta que los prestadores de servicio reserven espacios laborales para ser utilizados por personas con discapacidad y sus animales de asistencia, conforme lo destacó su homóloga y correligionaria Beatriz García.
El nuevo marco jurídico, avalado por unanimidad tras un año de trabajo de un equipo interdisciplinario, incluyó una propuesta de la bancada panista para obligar a los poderes del estado, organismos autónomos y ayuntamientos a contratar, progresivamente, a personas con discapacidad.
Además, Mercado Moreno recordó que la iniciativa es un instrumento normativo actualizado, que promueve y garantiza derechos y libertades de las personas en situación de discapacidad, con enfoque de igualdad, dignidad, perspectiva de género y equiparación de oportunidades, para su plena inclusión y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.
“Esta ley representa mucho para las personas que vivimos la discapacidad, pues trae aportaciones para el respeto de sus derechos, desarrolla una cultura de discapacidad, fortaleciendo el marco jurídico en la materia, dotando de herramientas jurídicas a instituciones y servidores públicos”, sostuvo la también Presidenta de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables.
La norma excluye el vocabulario en desuso, discriminatorio y que segrega a esta población, además de que armoniza el lenguaje en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así pues, se dispone que el Instituto Mexiquense para la Discapacidad se encargue de las acciones y programas derivados de la ley; igualmente, podrá celebrar convenios privados y sociales y contará con un Consejo Consultivo de asesoría honorífico con participación ciudadana.
Por lo tanto, establece que la autoridad debe crear un Registro Estatal de la Discapacidad y, a través del Instituto, evaluar la condición de la discapacidad en la entidad y disponer de una plataforma digital para el registro de usuarios, trámite de servicios y gestión de apoyos o programas en la materia.