En promedio, 30 por ciento de las personas desaparecidas en el Estado de México acaba en fosas comunes, por lo que la diputada morenista Karina Labastida destacó la necesidad de armonizar la reglamentación de los panteones municipales con los ordenamientos generales y estatales para ayudar a la identificación de víctimas de éste ilícito.
“Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias”, alertó la además presidenta de la Comisión Especial para las Alertas por Violencia de Género por Feminicidios y Desapariciones.
Labastida Sotelo explicó que las Fiscalías deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.
La legisladora recordó que con las últimas modificaciones jurídicas los ayuntamientos tendrán la posibilidad de tener enlaces con las comisiones de búsqueda, atender alertas, recibir reporte de personas desaparecidas, aplicar el protocolo homologado de búsqueda en el Estado de México, y tener colaboración de cuerpos policiacos y acondicionamiento del servicio de panteones.
Por esta razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta organizaron un taller dirigido a los 11 municipios del Estado de México con declaratoria.
Durante el ejercicio, realizado de manera virtual, se estableció la ruta de trabajo, con base en los principios de acción humanitaria del Comité Internacional de Cruz Roja, de búsqueda, recuperación y documentación para resolver y prevenir la desaparición a través de un trato digno.
Este taller, impartido por Alejandro Corona, instructor de la Cruz Roja, va de la mano con la Ley General en materia de Desapariciones, en la que se procura recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas.