Los 11 municipios del Estado de México con alerta por violencia de género no han podido poner en marcha sus células de búsqueda, policía de género y de atención a mujeres víctimas de violencia, debido a que las Secretarías de Finanzas y de Justicia y Derechos Humanos no han regularizado los vehículos adquiridos con ese propósito, por lo que la Legislatura mexiquense exhortó, por segunda ocasión, a ambas dependencias estatales a celebrar de manera inmediata los instrumentos legales requeridos.
Por unanimidad, la Diputación Permanente aprobó, de urgente y obvia resolución, un punto de acuerdo promovido por el grupo parlamentario de Morena para llamar, por segunda ocasión, a los secretarios de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, y de Finanzas, Rodrigo Jarque, a que de forma inmediata firmen a los presidentes municipales de Chalco, Chimalhuacán, Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco los documentos requeridos para la regularización del parque vehicular adquirido a nombre del Gobierno del Estado de México con los recursos etiquetados para mitigar las alertas de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
La diputada María Elizabeth Millán, presidenta de la Diputación Permanente, consideró que con la negativa ambos funcionarios ejercen violencia institucional contra las mujeres. La violencia feminicida, dijo, no es la única que padece el género femenino en el Estado de México, “también está la institucional, siendo de las peores, porque la ejercen los servidores públicos a través de actos u omisiones que dilatan, obstaculizan e impiden el acceso y disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida; con ello se ha tolerado y propiciado la vulneración de derechos de las niñas, adolescentes y mujeres”.
La legisladora recordó que a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se le asignaron 30 millones de pesos para la mitigación de la alerta por la violencia de género en 2019; los mecanismos de operación de los recursos en los municipios establecían que debían destinarse a capacitación, difusión y equipamiento, lo que incluye la adquisición de vehículos para fortalecer células de búsqueda, policías de género, y la atención de mujeres víctimas de violencia.
Los municipios alertados, prosiguió, llevaron a cabo los procedimientos adquisitivos de vehículos a través de sus áreas de recursos materiales, con base en los lineamientos establecidos, y aunque están en posesión de las unidades desde finales de 2019, no las pueden poner en marcha porque las dependencias en cita no han expedido a los alcaldes el instrumento jurídico que les permita realizar los trámites de circulación.
“Las Secretarías de Justicia y Finanzas han sido omisas en celebrar los instrumentos jurídicos que permiten a los municipios alertados regular la posesión del parque vehicular enlistado, lo que se traduce en una forma de violencia institucional”, señaló, luego de recordar que el 5 de octubre de 2020 la Legislatura ya había exhortado a las dependencias con la misma finalidad, sin que el llamado haya sido acatado, con lo que impiden que los municipios alertados cumplan de forma integral con su deber de atención a las acciones para la mitigación de la alerta por violencia de género, y violan los derechos humanos de seguridad y acceso a una vida libre de violencia de las niñas, adolescentes y mujeres.
“Han mostrado desinterés e indiferencia”, señaló, a pesar de que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en la entidad, conforme a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que contabilizan 122 feminicidios en 2019, 150 en 2020, y 26 entre enero y febrero de este año, y de que 15 municipios mexiquenses, sólo 5 de ellos alertados, se ubican en los primeros 64 del país con más feminicidios.