Una veintena de municipios mexiquenses solicitaron a la Legislatura local autorización para que les sean autorizadas tarifas por servicio de agua potable y alcantarillado distintas a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México.
Al exponer las solicitudes ante la comisión de Legislación y Administración Municipal, Felipe Serrano, vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México, y Francisco Javier Escamilla, presidente de la Comisión Técnica del Agua, explicaron que 15 de estas demarcaciones piden se les permita un ajuste acorde al de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que crecerá en 3%.
Estos son Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo.
Además, en Atlacomulco se pidió un aumento de 10% para el servicio medido, lo que, no obstante, afectará sólo a 1% de los usuarios; en Izcalli la solicitud es un incremento general de entre 4 y 5%; y para Zinacantepec la intención es ajustar en 8% el servicio medido y 5% en cuota fija, además de 5% en servicio no doméstico.
Para Tultitlán la propuesta homologa el cobro por servicio de drenaje en 7% el doméstico y 20% el no doméstico, aunque también se prevén ajustes a la baja en los casos en que la tarifa es más elevada.
En Lerma, la petición es aumentar en 100% el cobro por agua en bloque a desarrolladores para homologar la tarifa con otros municipios; y de 5 a 10% los derechos de conexión a drenaje doméstico y no doméstico.
Los servidores públicos explicaron que 17 municipios que concentran 53% de la población estatal cobran 264 pesos por 30 metros cúbitos al bimestre (mil 600 pesos al año); en 19 municipios con 22% de población, cuestan 220 pesos; en 30 municipios con 11% de la población representan 181 pesos; y en los rurales, donde se contra 11% de población, se cobran 151 pesos por cada 30 mil litros al bimestre.
Como parámetro, expusieron que la media nacional implica el cobro de 10 pesos por cada mil litros cúbicos de agua, que representan el consumo de una familia de 4 o 5 integrantes al día, cantidad que resulta mínima si se le compara con los 19 pesos que cuesta un tamal.
Los funcionarios plantearon que la media estatal de eficiencia física es de 64% (es decir, de cada 100 litros extraídos, sólo llegan al usuario final 64, pues el resto se pierde en fugas o tomas clandestinas); y la eficiencia comercial es de 56%; es decir, sólo se pagan 36 litros de cada 100.
En el caso de los 20 ayuntamientos peticionarios, indicaron que sólo uno tiene una eficiencia física superior a 80%, 12 de entre 60 y 80%, y 7 entre 41 y 60%, mientras en eficiencia física siete tienen entre 60 y 80%; 10, entre 41 y 60; y tres de 21 a 40%. A cambio de la tarifa diferencial, *todos comprometieron mejoras$.
En la discusión, los priistas Jaime Cervantes y Braulio Álvarez aseguraron que las finanzas municipales se encuentran en una etapa complicada y que los organismos de agua tienen deficiencias recaudatorias y brindan subsidios, por lo que requieren autorización para los aumentos, apegados al 115 constitucional que les da autonomía.
La morenista Carmen de la Rosa propuso mejoras recaudatorias a través de una política de incentivos, y alertó que la pandemia complicó la economía de los usuarios, por el cierre de comercios; su correligionaria Beatriz García apeló a evitar decisiones populistas, pues el acceso al agua dependerá de la disponibilidad del recurso; y cuestionó quién paga por el agua de las Iglesias o las oficinas administrativas (gubernamentales).
La petista Trinidad Franco advirtió que no se pueden elevar tarifas en los casos en que no hay disponibilidad del recurso, como ocurre en algunas zonas de Ecatepec o Tlalnepantla, y consideró necesario establecer quién debe pagar por el servicio en las escuelas, pues adeudan cientos de miles de pesos.
Los diputados acordaron dictaminar las peticiones antes de la sesión plenaria para que sólo quede pendiente su formalización (votación) en asamblea.