Durante el aislamiento social derivado de la cuarentena por COVID-19, “las niñas, niños y adolescentes son las víctimas más vulnerables ante situaciones de violencia intrafamiliar", alertó la diputada panista Ingrid Schemelensky, por lo que llamó a las instituciones públicas a reforzar las medidas de prevención para evitar el aumento de la violencia en contra
de mujeres y menores.
La legisladora local recordó que la violencia intrafamiliar contra los menores puede ser física, psicológica, sexual, de explotación, desatención o negligencia por parte de las personas encargadas de su cuidado.
Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 23% de las niñas y niños de todo el planeta han sufrido maltrato físico y 36%, maltrato emocional. Además, América Latina es considerada una de las regiones más violentas del mundo para los menores, sobre todo al interior de las familias, porque se normaliza el maltrato como forma de educar o castigar.
Entre los países con los porcentajes más altos de disciplina violenta, recordó, se encuentran Jamaica y Haití, Argentina, Belice, República Dominicana, El Salvador y México, donde uno de cada dos niños y adolescentes ha sufrido presión psicológica por parte de algún miembro de su familia.
Desde el punto de vista de Schemelensky Castro, el aislamiento social, sobre todo por cuestiones económicas, puede incrementar el estrés o ansiedad y generar mayor violencia intrafamiliar, especialmente en contra de los más vulnerables.
“Los organismos internacionales recomiendan adoptar acciones para la prevención del abuso y la violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia, como el establecimiento de líneas de denuncia directas y gratuitas las 24 horas y servicios de mensajes de texto gratuitos; así como el fortalecimiento de las procuradurías de protección a la niñez y adolescencia para una adecuada atención que incluya el reforzamiento institucional, técnico, financiero y operativo, con personal adecuadamente capacitado y equipado, así como refugios móviles para menores y garantizar el acceso a los servicios de protección de la infancia”, planteó.
La diputada local advirtió además que “la sociedad civil debe asumir un rol protagónico en la protección de menores", en el entendido de que toda sociedad tiene la capacidad de detener la violencia. Lo anterior, expuso, significa no sólo la adopción de medidas legales, sino también en los estilos de crianza y educación libre de todo tipo de violencia.
Los cambios, añadió, sólo se pueden lograr a través de la participación y la colaboración de la ciudadanía, pues la violencia es un fenómeno multidimensional que requiere respuesta desde diversos ámbitos, como la salud pública, la justicia, la educación, la seguridad y paz social.