Con la finalidad de que la paridad de género también sea una realidad al interior de los órganos jurisdiccionales, el grupo parlamentario de Morena promovió un paquete de iniciativas que obligará a la designación de mujeres en 50% de las judicaturas, magistraturas, consejerías, direcciones y coordinaciones.
La propuesta, promovida por el diputado Alfredo González, busca reformar la Constitución Política local, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que incidirá en estos órganos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México.
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El legislador indicó que existe una brecha que impide el acceso de las mujeres a los puestos de decisión en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, por lo que es necesario tomar medidas especiales al respecto: “Las mujeres que trabajan en los órganos jurisdiccionales de nuestra entidad se enfrentan con una hostilidad institucional, al ser reiteradamente segregadas, excluidas y marginadas, en muchos casos sujetas a hostigamiento y acoso sexual. En los hechos, se ven obligadas a ocupar posiciones poco relevantes, en donde hay menos responsabilidad, renunciando a sus aspiraciones o posponiéndolas, al no encontrarse en las mismas circunstancias que los hombres para desarrollarse en la vida profesional”.
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González González recordó que el 6 de junio de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una trascendental reforma constitucional para garantizar la paridad de género en todos los órganos del Estado, y ahora corresponde a los congresos estatales garantizar el principio de paridad de género en las Constituciones y leyes locales, en este caso, las que regulan al Poder Judicial.
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El legislador detalló que la integración de los órganos jurisdiccionales con base en el principio de paridad de género implica el derecho que tienen las mujeres para ser juezas, magistradas y consejeras, ocupando el 50%, porcentaje que también debe ser efectivo para el resto de cargos públicos de decisión, entre los que se encuentran direcciones, coordinaciones y titularidades de unidad.
Para garantizar el principio de paridad, la iniciativa propone la alternancia de género en la presidencia de los tribunales y en la integración de los órganos colegiados, ya sea en pleno, junta, consejo o sala; convocar a los concursos únicamente al género subrepresentado hasta alcanzar la efectiva paridad, y establecer el principio de paridad de género como rector en la carrera judicial y jurisdiccional. Además, plantea la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar, para que la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recaiga, bajo condiciones de igualdad, en hombres y mujeres que trabajan en los tribunales.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.