Con el objetivo de dotarlo de más facultades, el grupo parlamentario de Morena propuso transformar al Órgano Superior de Fiscalización en Auditoría Superior del Estado de México, y para evitar vicios en la encomienda, que su titular dure 7 años en su encomienda en lugar de 14, como en la actualidad.
Por su parte, Miguel Sámano, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó que la Cuenta Pública Estatal sea entregada en el mes de abril del año siguiente, y no el 15 de mayo como dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El morenista Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM y promotor de las dos primeras propuestas, destacó que éste organismo ha demostrado complicaciones para acreditar faltas y sancionar.
Actualmente, dijo, el OSFEM no tiene bien definidas sus facultades ni las de la Unidad Investigadora, lo que complica acreditar irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos, además de que ha demostrado ineficacia para realizar auditorías a los entes públicos.
Por el contrario, confió, la Auditoría Superior tendrá más herramientas para acreditar irregularidades en cuentas públicas, podrá practicar auditorías a todas las entidades y canalizar a servidores públicos al Tribunal de Justicia Administrativa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
“Debe haber una Unidad que hoy contemplamos en este proyecto de ley, que se encargue de investigar y promover las pruebas que acreditan las faltas administrativas de los servidores públicos para que se pueda remitir exitosamente los expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado”, destacó.
Sánchez Ángeles indicó que “en este momento el OSFEM no realiza auditorías forenses, tampoco integrales a un mismo programa", pero a partir de la reforma constitucional que propuso se podrán hacer auditorías de cumplimiento financiero con auditorías de desempeño, forenses e integrales.
La nueva Ley de Fiscalización establece que todo el recurso federal tendrá que ser publicado en la página de la Auditoría Superior del Estado.
De ser aprobada la modificación, el auditor superior mantendrá sus atribuciones actuales, pero la nueva ley dotará de mayores elementos a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura para evaluar al auditor anualmente, posterior al análisis y calificación de las cuentas públicas.
“Quien no cumpla con sus tareas de manera imparcial y honesta, con la claridad y transparencia necesaria tiene que ser señalado”, advirtió el morenista.
Además, en lugar de durar en su encomienda 14 años, como en la actualidad, su gestión será de 7 años, con el objetivo de evitar vicios y complicidad con los entes auditados.
En tanto, la propuesta del tricolor pretende que la Cuenta Pública estatal sea entregadas a más tardar el 30 de abril de cada año, pues la Ley de Fiscalización Superior establece la obligación a más tardar el 30 de abril del año siguiente, mientras que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala el 15 de mayo como fecha límite para que la Legislatura la reciba y comience su revisión.
Todas las iniciativas fueron remitidas a las comisiones para su análisis y posterior dictamen.