El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado de México propuso facultar al gobierno estatal para definir las tarifas del transporte público y autorizar las cuotas de peaje, como un mecanismo para frenar los incrementos excesivos que afectan la economía de las familias mexiquenses.
La iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, promovida por la diputada Ruth Salinas, busca regular el otorgamiento de concesiones, subsidios y expropiaciones, con el fin de evitar abusos en los costos del transporte y las autopistas. La legisladora señaló que los aumentos en casetas y tarifas no solucionan los problemas de movilidad y solo perjudican a la ciudadanía.
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Salinas lamentó que el Estado de México tenga las casetas más caras del país y un transporte público deficiente. Por ello, propuso que las concesiones de bienes y servicios, incluyendo carreteras, aeropuertos e infraestructura de movilidad, sean otorgadas por el Estado mediante un título de concesión, en el que se establezcan su alcance y límites conforme a la ley.
Asimismo, planteó que las tarifas y sus mecanismos de actualización sean fijados con base en el título de concesión y las disposiciones vigentes, reservando al Estado la facultad de revisar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, así como aprobar y publicar los aumentos.
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El documento destaca que el gobierno estatal podrá aplicar subsidios al transporte público y a las cuotas de peaje, a través de políticas que protejan la economía de la población con enfoque en derechos humanos. También podrá establecer convenios con concesionarios para reducir o condonar tarifas.
Además, los incrementos a las tarifas de servicios concesionados, como transporte público, carreteras, aeropuertos y otros servicios de movilidad, deberán publicarse en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno con al menos 30 días de anticipación a su aplicación.
La iniciativa establece que el título de concesión debe garantizar que, dentro del sexenio, el concesionario recupere la inversión realizada en el servicio otorgado. Si la vigencia de la concesión excede el periodo del titular del Ejecutivo estatal, deberá ser aprobada por el Poder Legislativo y no podrá superar los 15 años, aunque podrá prorrogarse si el concesionario cumple con sus obligaciones y el gobierno estatal no puede asumir la prestación del servicio.
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Asimismo, se señala que los activos de los concesionarios necesarios para la prestación de los servicios de movilidad concesionados serán considerados bienes de utilidad pública, conforme a la Ley de Expropiación.
Por otra parte, Salinas Reyes pidió que la Legislatura cite a comparecer al secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, para que explique el destino del Sistema Integral de Movilidad que prometió implementar. También solicitó informes sobre el estado de las carreteras y la justificación de los aumentos en las tarifas, además de exigir respuestas ante las acusaciones del exdirector de Vialidad, Ramón Sabas Jiménez Fonseca, quien señaló presuntas irregularidades en pagos de obras inconclusas y sobrecostos.
Finalmente, la diputada instó a Sibaja a aclarar la separación de cinco servidores públicos de las direcciones generales de Vialidad y Movilidad de la Zona 4, quienes fueron denunciados por presuntos actos de corrupción.