Ante la posibilidad de que la reforma a la Ley ISSEMyM se apruebe a más tardar en noviembre, profesores de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) exigieron, antes de que la Legislatura tome cualquier decisión, los resultados de la auditoría externa ordenada en marzo de 2019, fincar responsabilidades y ordenar que el desfalco se resarza.
En conferencia de prensa, los maestros recordaron que Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), emitió una declaración en el sentido de que la reforma podría aprobarse antes que el Paquete Fiscal 2021; específicamente, establecía como plazo entre septiembre y noviembre de este año. Por lo tanto, el profesor Juan Carlos Rojas se pronunció en contra del “borrón y cuenta nueva” pretendido con la reforma “en favor de destinatarios y administradores muy concretos que deben dar la cara y responder por el multimillonario desfalco del que pretenden responsabilizar a los trabajadores”.
Advirtió que no se puede concretar reforma alguna si antes no se tienen los resultados de la auditoría externa ordenada por la asamblea, de la que hasta hoy no existe información, con el objetivo de brindar un diagnóstico preciso sobre las razones de la crisis financiera en el organismo: “Que se finquen responsabilidades a quienes descapitalizaron, en lugar de que la paguemos los trabajadores”, apeló, luego de recordar que algunas estimaciones, posiblemente conservadoras, revelan que el “boquete” en el Instituto es de más de 150 mil millones de pesos.
Las hipótesis sobre el destino de los recursos, recordó, van desde campañas políticas, hasta el beneficio personal; de allí la necesidad de la transparencia.
En tanto, las anomalías pueden enlistarse en acciones como la subrogación de servicios en favor de terceros (amigos o cercanos a políticos), la condonación de 50% de la deuda a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el adeudo millonario de varios entes públicos y privados (como los CUSAEM), a pesar de que a los trabajadores se les descuentan en tiempo y forma las cuotas, entre otras.
Lo anterior, expuso, ha derivado en listados completos de medicamentos que no existían en las farmacias y que en algunas clínicas superan los cien, personal médico insuficiente, o la espera de jubilación de cientos de burócratas (tan sólo en el caso de la UPREZ, se estiman entre 250 y 300 pendientes del trámite desde hace año y medio, pertenecientes a una centena de escuelas de niveles básico, medio y medio superior).
Por estas razones, alertó, “no vamos a permitir aumento de cuotas (la intención es elevarlas en 10%, un porcentaje cargado a los trabajadores y otro a los “patrones”) o que se pospongan los derechos de jubilación. Estamos en desacuerdo con que se sustituya el sistema solidario de pensiones por Afores. No vamos a permitir que medidas lesivas perjudiquen a los trabajadores”, indicó.
Los inconformes también lamentaron que el proyecto de ley haya sido elaborado en secrecía y anunciaron la puesta en marcha de una campaña de lucha que comienza este jueves con una caravana de protesta y concientización rumbo al centro de Toluca.